El Gobierno nacional formalizó el inicio del proceso de privatización de Trenes Argentinos Cargas, la empresa estatal que opera bajo el nombre comercial de Belgrano Cargas y Logística S.A., y que gestiona el transporte ferroviario de carga en una red que atraviesa 16 provincias del país. A través de la resolución 1049/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía fijó un plazo de doce meses para completar la operación, que contempla el remate del material rodante y la concesión de uso de las vías pertenecientes a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.
Se trata de un paso concreto luego de la declaración de la empresa como “sujeta a privatización” incluida en la Ley Bases (27.742) y de su habilitación mediante el decreto 67/2025. La decisión prevé una privatización desdoblada: por un lado, la venta de locomotoras y vagones mediante remate público; por otro, la licitación para la concesión del uso de la infraestructura ferroviaria. En el caso de los bienes muebles, la Secretaría de Transporte deberá confeccionar un inventario detallado, definir la composición de los lotes, determinar su estado de situación y establecer los criterios para su enajenación.
En paralelo, se hará un relevamiento de las condiciones actuales de las vías, talleres, edificios e instalaciones de las tres líneas para su posterior entrega a operadores privados. Según se especifica en la normativa, el Banco Nación será el encargado de administrar los ingresos generados por la venta del material rodante, fondos que el Poder Ejecutivo destinará a obras ferroviarias. Por otra parte, el Gobierno aclaró que ni las vías ni los terrenos dejarán de ser propiedad estatal: una vez finalizado el plazo de concesión, la totalidad de los activos revertirá al patrimonio del Estado nacional. Transporte también instruyó a sus áreas técnicas a relevar las herramientas y maquinarias disponibles en los talleres ferroviarios, con vistas a evaluar su posible inclusión en el proceso de licitación.
El anuncio marca el desenlace de una política que comenzó a delinearse a fines de 2024, cuando el vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó que el Ejecutivo tenía como objetivo privatizar la empresa por considerarla “obscenamente deficitaria”. En aquella oportunidad, Adorni mencionó que el gasto anual de Trenes Argentinos Cargas para el Estado superaba los 112 millones de dólares, y cuestionó que, pese al crecimiento del sector agropecuario, la empresa no había logrado incrementar el volumen de carga transportado en los últimos 15 años. En febrero de este año, la administración nacional ratificó su intención de avanzar con una “privatización total”, lo que ahora comienza a ejecutarse con medidas concretas.
Te podría interesar: Según un informe de fyo, las relaciones insumo-producto se deterioran
La red ferroviaria que opera la empresa alcanza a gran parte del territorio nacional: sus trazas conectan la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, Chaco, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. La empresa cuenta con 11 unidades productivas y 8 talleres donde realiza tareas de reparación y mantenimiento de su flota, que transporta principalmente productos agrícolas, minerales, piedra, carbón, madera, metales y mercadería para consumo.
Uno de los aspectos clave de la privatización es que implica un cambio profundo en la organización operativa del sistema ferroviario de cargas, al disociar el uso de la infraestructura estatal de la operación del transporte. Esta desintegración vertical se alinea con el modelo de concesiones aplicado en los años noventa, aunque ahora incorpora nuevas regulaciones sobre la administración de bienes y fondos. Desde el oficialismo destacan que el objetivo es aumentar la eficiencia del sistema logístico nacional y reducir la carga financiera que representa la empresa para el Tesoro.
La resolución publicada también establece la responsabilidad de coordinar con otras dependencias para garantizar la transparencia y eficiencia del proceso, al tiempo que prevé mecanismos de control sobre la ejecución de las concesiones futuras. Aunque la operación todavía deberá atravesar diversas etapas técnicas y administrativas, la oficialización del procedimiento representa un punto de inflexión en la política ferroviaria del país. Con este anuncio, el Gobierno suma un nuevo avance en su programa de desregulación y apertura al capital privado en empresas estatales.
