La salida que encontraron ambos gobiernos fue matizar esas restricciones con una serie de acciones, que incluyen la fijación de plazos acortados para el ingreso de autos argentinos en Brasil, la promoción de acuerdos de autorrestricción de exportaciones entre sectores privados y el condicionamiento de los trámites de importación a la decisión de las empresas de realizar nuevas inversiones.
El convenio se terminó de configurar ayer durante el encuentro que mantuvieron en Brasilia la ministra de Industria argentina, Débora Giorgi, y su par brasileño de Desarrollo, Fernando Pimentel. «Se manifestó la disposición para facilitar los trámites de obtención y aprobación de las licencias de importación, así como la liberación de los productos que se encuentran actualmente en la frontera de ambos países además de la liberación de las licencias con un plazo de análisis superior al establecido por la OMC [Organización Mundial del Comercio]», señalaron los ministros en un comunicado conjunto.
Brasil fue el principal promotor de incluir la mención a los plazos de la OMC. El gobierno de Dilma Rousseff «reforzó el pedido para que la Argentina logre analizar las licencias en, como máximo, 60 días», afirma el comunicado. En rigor, Giorgi ya se había comprometido con Pimentel a cumplir ese plazo durante la reunión que mantuvieron el 18 de febrero último en Buenos Aires, pero ahora Brasil dice que sus productos sufren retrasos de hasta medio año. Ambos gobiernos debieron ayer ratificar ese compromiso, lo que abre algunas dudas sobre la duración del nuevo acuerdo.
Por lo pronto, la Argentina aceptó dar curso a las licencias atrasadas, una vez que Brasil entregue una lista con todos los embarques demorados. Ello deberá ocurrir en los próximos diez días.
Por el lado de Brasil, los negociadores se comprometieron ayer a tramitar las LNA a los autos argentinos en no más de diez días. Ese plazo fue el que había ofrecido el secretario ejecutivo del Ministerio de Desarrollo de Brasil, Alessandro Teixeira, la semana pasada en Buenos Aires. En ese momento, el secretario de Industria, Eduardo Bianchi, lo consideró demasiado extenso, pero ayer la delegación argentina lo terminó aceptando porque fueron las propias terminales automotrices, nucleadas en la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), las que dieron el visto bueno.
Fuente: La Nación
