El Ejecutivo nacional oficializó hoy la rescisión del contrato de concesión otorgada a América Latina Logística, para la explotación de los servicios de transporte de carga de la Red Ferroviaria Nacional. Esta red está integrada por las Líneas General San Martín y remanente de la Domingo Sarmiento, con excepción de los tramos urbanos Retiro-Pilar y Once-Mercedes.
El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anunció el pasado martes 4 de junio, el quite de la concesión de los ramales ferroviarios que operaba la empresa ALL Logística, por «severos incumplimientos de contrato».
La decisión de rescindir ese contrato se oficializó hoy a través de la resolución 469/13 publicada hoy en el Boletín Oficial, «en ejercicio del derecho conferido por el Contrato de Concesión, artículo 40.2 del Pliego de Bases y Condiciones, con fundamento en los considerandos de la presente medida».
Por la misma resolución se rescindió el Contrato de Concesión de América Latina Logística Mesopotámica S.A. para la explotación de los servicios de transporte ferroviario de carga de la Línea General Urquiza, con exclusión del tramo urbano electrificado Federico Lacroze-General Lemos.
El Ministerio del Interior y Transporte asignó a la Sociedad Belgrano Cargas y Logística S.A., en el marco de las competencias previstas en el Decreto 566/13, la operación del servicio ferroviario y la administración de la infraestructura ferroviaria que integran las mencionadas concesiones.
También instruyó a la Secretaría de Transporte para que, con la debida intervención de esta sociedad y de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), realice un inventario de los bienes que componen las concesiones aludidas.
Para la confección del inventario deberá tomar intervención la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), dependiente de la Presidencia de la Nación.
La Secretaría de Transporte y la CNRT, con la intervención de la SIGEN y de la Procuración del Tesoro (PTN), una vez efectuada la correspondiente liquidación del contrato, determinarán los eventuales daños y perjuicios que fueren ocasionados al Estado nacional durante la vigencia de la concesión de ambas empresas.
Dicha evaluación se hará a los efectos de iniciar las acciones administrativas y legales que correspondan, según se dispuso. Se invita además a la Auditoría General de la Nación para intervenir en la determinación de esas acciones, en el marco de su competencia.
En los fundamentos de la norma se recuerda que el ferrocarril argentino supo ser ejemplo de desarrollo en Sudamérica, contando en 1947 con una red de más de 43.000 Kilómetros de vías.
El crecimiento del ferrocarril se mantuvo en forma constante hasta 1955, fecha en la cual declina el interés político en su sostenimiento y finalmente resulta seriamente afectado a partir de 1958, por aplicación del denominado «Plan Larkin» el cual fue el primer factor del desmantelamiento del ferrocarril argentino.
Por dicho plan se abandonó el 32 por ciento de las vías férreas existentes, se despidió a 70.000 empleados ferroviarios y se redujeron a chatarra todas las locomotoras a vapor, al igual que 70.000 vagones y 3.000 coches, con la idea de que se comprase todo esto en el mercado exterior.
Este desguace se profundizó durante la década de los ’90, con la concesión de los servicios a privados.
Fuente: Telam
