El gobierno de Estados Unidos se quejó ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por las trabas «discrecionales» aplicadas por la Argentina a las importaciones y apuntó con particular dureza al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
Un informe de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR, según su sigla en inglés) elevado a la OMC la semana pasada sostiene que las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) no son transparentes. Y afirmó que todas las restricciones aplicadas al comercio exterior por el gobierno argentino están en contra de las reglas internacionales reguladas por la OMC, donde el país ya enfrenta múltiples acusaciones de países desarrollados y en desarrollo.
En el panel que inició contra la Argentina, Estados Unidos presentó nuevas evidencias para demostrar la «inconsistencia» de esas normas.
El informe, de 179 páginas, describe la manera en que el Gobierno administra el ingreso de mercadería del exterior y pone en duda el objetivo planteado de «defensa del mercado interno». Aunque hay algunas menciones a la AFIP y a la ministra de Industria, Débora Giorgi, la mayor parte de los reclamos de las empresas de EE.UU, reflejados en el informe apuntaron al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
El escrito está fechado el 3 de julio. Si bien el reporte no menciona la existencia de maniobras o pedidos ilegales a los empresarios, ya existen abundantes comentarios en calificadas fuentes diplomáticas por la existencia de funcionarios del área que se ofrecen a «agilizar» los trámites ante el polémico funcionario, que concentra el grifo de la entrada (y salida) de bienes y servicios.
Ni Moreno ni la Cancillería, que representa al país ante la OMC, respondieron a las consultas de LA NACION sobre este informe.
Por los argumentos mencionados, la USTR indicó que «Estados Unidos solicita respetuosamente que el panel detecte que los requerimientos para las DJAI son inconsistentes con los artículos X:3 y XI:1 del GATT de 1994 y los artículos 1.4; 1.6; 3.2; 3.3; 3.5; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 del acuerdo de licencias para la importación, y que las restricciones (RTTR) son inconsistentes con los artículos X:1 y XI:1 del GATT». El GATT es el acuerdo general de arancel y tarifas que rigió hasta la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero que sigue vigente como tratado general entre los países.
Junto con Moreno, los términos más mencionados son la «falta de transparencia», «arbitrariedad» y «discrecionalidad», entre otros motivos, porque no están publicados en forma clara los criterios para aceptar o rechazar una DJAI. Al respecto, se mencionan los ejemplos en los que Moreno u otros funcionarios explican, a través de llamadas telefónicas, las exigencias para entrar un producto al país.
La queja principal se focaliza en las DJAI, aplicadas desde principios del año pasado por el Gobierno en reemplazo de las licencias de importación no automáticas (LNA), que también le habían causado problemas al Gobierno ante la OMC.
En particular, el organismo de Washington relata que mientras en algunos casos las respuestas oficiales a los empresarios por las DJAI llegan a los 15 días corridos -tal como lo establece la norma que dio origen a esta restricción-, en otros, como el de Yudigar, están pendientes de revisión durante seis meses o más. Entre las principales acusaciones, el organismo comercial norteamericano expresó que:
-Las DJAI «operan en forma independiente de los procedimientos formales de la Aduana argentina».
-Se trata de una exigencia que «restringe las importaciones porque las aprobaciones sólo están garantizadas luego de una demora».
-Las restricciones aplicadas para que se compensen 1 a 1 las exportaciones y otras medidas destinadas a suavizar la fuga de capitales y el atraso cambiario «no son publicadas por la Argentina». El país «salteó sus obligaciones impuestas por el acuerdo de licencias de importación al fallar en la publicación de suficiente información», se indicó.
-La Argentina «ha fallado en administrar las exigencias de las DJAI en una manera uniforme y razonable, tal como lo exigen los artículos del GATT».
Las acusaciones de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón se transformaron en un panel conjunto en la OMC en enero pasado, mientras que el Gobierno impulsó uno similar contra el gobierno de Obama por las trabas impuestas a la carne y al limón. EE.UU. dejó de aplicar beneficios arancelarios por los casos que el Gobierno perdió en el Ciadi y se negó a pagarles a los inversores que ganaron.
Fuente: La Nación
