La misma fue llevada a cabo en el Teatro de la Ribera del barrio de La Boca, el gobierno avanzó así una nueva instancia hacia su objetivo de reducir un 30% el valor de la tarifa que los prácticos reciben por sus servicios, que comprenden las maniobras de atraque y zarpada de y hacia los puertos.
El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, fue el encargado de iniciar la jornada destacando la importancia del sector marítimo, portuario y fluvial como estratégico para un país que busca posicionarse a nivel mundial como proveedor líder de productos agropecuarios. En este sentido detalló que el trabajo del ministerio se enfoca en cuatro ejes: la infraestructura, la recuperación de la bandera nacional en la marina mercante, la desburocratización de las operaciones y lograr mejores índices de competitividad.
Precisamente enfocado en la búsqueda de mayor competitividad el gobierno logró una serie de acuerdos con distintos actores del sector portuario mediante los que se consensuaron importantes reducciones en las tarifas, mientras que, de acuerdo con el ministro, «Los prácticos es uno de los sectores con los que aún no hemos acordado. Es un sector clave para los objetivos que nos hemos planteado y su aporte es fundamental. No tengo dudas de que más allá de las diferencias estamos todos comprometidos con el desarrollo del sector».
Por su parte Jorge Metz, subsecretario de Puertos y Vías Navegables del Ministerio, destacó en primer lugar su reconocimiento al sacrificio que realizan los prácticos en su actividad, y el gran esfuerzo de ormación y capacitación que se requiere para poder desempeñarse en el sector. Sin embargo indicó que a lo largo de los años se han ido generando distorsiones en los precios de los servicios que deben corregirse en pos de la competitividad de todo el sector, «Hemos acordado ya con muchos sectores, no esperábamos tener que llegar a esta instancia de Audiencia Pública por el servicio de practicaje pero la realidad así lo exige».
«En esta audiencia no vamos a discutir la calidad del servicio, ni la adecuación técnica, ni las condiciones de trabajo, así como tampoco la seguridad brindada por los prácticos porque eso no está en discusión. Sí vamos a abordar el establecimiento de una tarifa máxima, ya que se trata de un servicio público y es responsabilidad del Estado regular sus costos para brindar transparencia y competitividad. Sobre todo teniendo en cuenta que la última definición de tarifa del sector se realizó en el año 1992, hace ya 25 años».
OTRAS VOCES
Si bien durante el desarrollo de la audiencia el plan del gobierno fue sumando apoyos como los de los gobiernos provinciales de Tierra del Fuego, Chubut, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones, entre otros, diversas asociaciones que representan a los prácticos mostraron su disconformidad con el proyecto oficial y brindaron su visión y sus propios datos sobre la realidad del sector.
En este sentido, el Presidente de la Asociación Civil de Prácticos del Río Paraná, Osvaldo Bao, destacó que «en 500 años de practicaje y pilotaje, tenemos el primer conflicto económico en nuestro ámbito profesional», y señaló que es errónea la idea de que a consecuencia de las tarifas el país pierda competitividad, «es falso y nada más alejado de la realidad».
En su presentación se refirió a la intención de funcionarios y del mercado de equiparar el valor de la seguridad con el de cualquier otra mercancía, «para la comunidad del práctico la seguridad es incompatible con el comercio y no es una mercancía más», resaltó Osvaldo Bao y se preguntó, «¿Cuál es el valor de la tarifa para la seguridad de la navegación? Cuando estamos hablando de las vidas humanas en las zonas ribereñas, de la seguridad de las personas a bordo, de la protección del medio ambiente, de la navegación, el trabajo del práctico es la protección de la millonaria inversión del Estado argentino en las vías navegables».
Por último hizo referencia a las manifestaciones del presidente Macri que causaron gran malestar en el sector, y en un mensaje dirigido al primer mandatario expresó: «Los prácticos no somos una mafia, como el presidente, evidentemente mal asesorado, nos calificó. Existimos desde antes que nuestra Argentina fuese nación, y tenga la plena seguridad de que jamás nos hemos quedado con una moneda que no nos hayamos ganado honrada y dignamente».
Por su parte Claudio Tubio, Pte. de la Cámara de Practicaje y Pilotaje, realizó un análisis crítico de los datos y la visión del sector presentados por el gobierno y reflejados en el proyecto que busca establecer un límite máximo para los servicios de practicaje. «Lo que acá estamos discutiendo es si somos caros o baratos, pero ¿en relación a qué? La comparación de tarifas con otros países que realizan desde el gobierno no es clara y le falta profundidad. Mediante un análisis detallado, que ya hemos presentado a las autoridades nacionales, se puede verificar que las tarifas que se consideran más bajas que las argentinas finalmente resultan todo lo contrario».
«Nunca tuvimos la actitud de no negociar, es más acompañamos las gestión de este gobierno y estamos de acuerdo en que hay que hacer modificaciones, pero creemos que este decreto tal y como está planteado no representa la realidad del servicio de practicaje» destacó Tubio y concluyó: «En ningún momento le sacamos el hombro al país, y muchos de los presentes son conscientes de las condiciones en que estamos navegando y realizamos nuestras tareas. No nos resultan agradables las comparaciones del presidente sobre las mafias y estamos lejos de todo eso».
Fuente: CADEFIP
