La inflación de mayo fue de 1,5 por ciento, según se desprende del promedio de las mediciones de «ocho consultoras que han sido censuradas», informó hoy la diputada de la Coalición Cívica, Patricia Bullrich. La legisladora participó de una conferencia de prensa junto a los diputados Silvina Giudici y Ricardo Gil Lavedra (UCR), Gustavo Ferrari y Eduardo Amadeo (Peronismo Federal) y Paula Bertol y Federico Pinedo (PRO), en el Congreso de la Nación. Mañana, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el índice de precios al consumidor (IPC).
La comisión de Libertad de Expresión que preside Giudici recibió el insumo de la mayoría de las consultoras multadas por el Gobierno por difundir datos diferentes al cuestionado índice de precios al consumidor (IPC). Según adelantaron el promedio se ubicó entre el 1,4 y el 1,5 por ciento el mes pasado, con diferencias amplias entre los consultores -que no dejaron datos por escrito para no volver a ser sancionados-, ya que algunos presentaron una suba del 1% mientras que en otros casos el aumento fue del 1,7 por ciento. La diferencia estuvo dada por el rubro alimentos y bebidas, que en algunos casos reflejó una baja, por la comparación con el mismo período de 2010, cuando había subido fuerte el precio de la carne.
En cuanto a los rubros que picaron en punta, indumentaria subió más del 3% y le siguieron educación y vivienda con el 2% cada uno; del otro lado, se planchó atención médica, al no haberse registrado aumento el mes pasado en las cuotas de los planes de medicina prepaga. En términos anualizados, la suba de los precios se ubica cerca del 22%, frente al dígito que informa el Indec en el IPC, aunque algunos funcionarios destaquen que la medición más aproximada sea la canasta básica alimentaria, que presenta un aumento del 20 por ciento.
Los consultores se sienten más reconfortados por el apoyo de los legisladores de la oposición, aunque saben que la gran batalla será en los tribunales. Algunos presentaron a la Cámara en lo Contencioso Administrativo un recurso de queja para forzar a Moreno a que gire las actuaciones con las multas -frenadas en la Dirección de Lealtad Comercial- a la justicia ordinaria.
Fuente: La Nación
