La pandemia que nos sorprendió este año, revivió en todo el mundo el debate sobre el rol que deben ejercer los Estados, como árbitros y organizadores de la vida en sociedad. En nuestro país, dicha responsabilidad se vio reflejada en la decisión estatal de aplicar un aislamiento social obligatorio, que evitó males mayores y dio tiempo para preparar el sistema de salud.
En paralelo a ese análisis y revalorización de lo público, la cuarentena nos permitió confirmar también el rol –imprescindible– que juegan las empresas en una sociedad. No sólo porque son las encargadas de crear trabajo y riqueza mediante la producción, el comercio y la exportación, sino porque es su funcionamiento el que permite mantener a su vez al Estado, que sólo puede funcionar gracias a los impuestos que aquellas pagan.
Ninguna sociedad podría considerarse exitosa, ni satisfacer las necesidades de sus miembros, sin un Estado eficiente que se encargue de la Justicia, la diplomacia, la seguridad, la infraestructura, los acuerdos comerciales con el resto del mundo, el sistema de defensa o garantice el acceso a la educación y la salud públicas, por mencionar sólo algunos ejemplos de las obligaciones que le tocan. Pero la contracara de tales prestaciones, ciertamente importantes, no siempre es reconocida y valorada: me refiero a la necesidad de contar con un sólido elenco de empresas, en permanente expansión, que genere empleo, motorice la innovación y el desarrollo económico, y financie al Estado con sus impuestos.
Te puede interesar: FADEEAC: se desacelera la suba de costos
La antigua dicotomía argentina entre lo estatal y lo privado, surge de una creencia errónea: suponer que un Estado fuerte y “presente” puede existir sin empresas fuertes y competitivas que lo financien y a la inversa, que este conjunto de empresas podría florecer en un país carente de un Estado eficiente, que garantice prestaciones mínimas y brinde un adecuado marco macroeconómico. La realidad indica que ambos sectores son complementarios: para cumplir sus respectivos roles, ambos se necesitan mutuamente.
Resulta interesante observar, en este sentido, lo que ocurre en la naturaleza con los organismos que para sobrevivir necesitan “aliarse” con organismos de otras especies, construyendo relaciones de beneficio mutuo. Esta clase de relaciones reciben el nombre de simbiosis mutualistas, precisamente por eso: ambos “contratantes” se benefician recíprocamente de la unión, y en muchos casos hasta morirían si quedaran huérfanos de su contraparte.
Esto es precisamente lo que ocurre entre un Estado y las empresas del país respectivo: forman parte de un mismo ecosistema, y así como se benefician mutuamente del éxito de su “compañera”, también se resienten –inexorablemente– cuando ésta flaquea. Todo esto, que casi nadie discute en el resto del planeta, nos ha llevado décadas de debate estéril en Argentina, básicamente entre quienes postulan la necesidad de contar con un Estado omnicomprensivo, que reemplace a las empresas y sea el exclusivo garante del bienestar social, y quienes piden un Estado mínimo, casi ausente, que ceda toda la iniciativa (y la responsabilidad) al mundo privado.
El problema de estas miradas, ambas miopes, es que terminan generando un tipo de relación bien distinta a la que mencioné antes: la simbiosis parasitaria, en la que ya no hay beneficio mutuo, sino que una de las partes se sirve de la otra en beneficio propio, ahogando –e incluso matando– a su contraparte.
Para no caer en este paradigma falso, según el cual el Estado y las empresas son enemigos y como tales están condenados a luchar eternamente entre sí, es interesante observar y aprender de España, país con una población muy similar a la nuestra, con un Estado indudablemente sólido y presente, que garantiza prestaciones de alta calidad a sus habitantes. Pues bien, el dato que propongo observar, es que el presupuesto del Estado español equivale a todo nuestro PBI. ¿Y por qué España puede darse el lujo de contar con un aparato público de esa envergadura? Porque se ha cuidado muy bien de favorecer el crecimiento constante de su sector privado, mediante el establecimiento de incentivos y reglas de juego estables, que generaron una red de empresas lo suficientemente fuerte y pujante como para soportar con sus impuestos –sin ahogarse– todo ese andamiaje estatal.
Los números son contundentes: frente a las 200.000 empresas industriales y 13 millones de empleos privados que hoy alberga España, nuestro país contiene apenas a 50.000 industrias, y genera empleo privado para 6.2 millones de personas. Paradójicamente, nuestro sector público emplea a 4 millones de personas, frente a las 3 millones que trabajan para el Estado español. Esta enorme diferencia se refleja en otro dato significativo: el gasto público consolidado de España (USD 584.000 millones en 2019, que representan un 42% de su PBI), es muy similar al total de nuestro propio PBI, que en 2018 alcanzó los USD 519.000 millones.
Te puede interesar: Inmuebles Logísticos: encuesta a locadores e inquilinos
Esta comparación con el caso español, ciertamente impactante, nos obliga a reflexionar sobre el modo en que los argentinos hemos entendido la relación entre lo público y lo privado. En lo personal, considero impensable que nos sumemos a la carrera del desarrollo sin buscar un esquema similar al de nuestra Madre Patria, en el que el Estado sea el primer interesado en que a las empresas les vaya bien. Por desgracia, nuestro país mantiene estancados desde hace una década sus niveles de producción y generación de empleo, que en el mejor de los casos seguirán estancados luego de la pandemia, si es que no caen. Este panorama nos obliga a trabajar por una salida conjunta entre Estado y privados, que deje atrás la absurda antinomia entre ambos lados de la moneda, y busque crear una simbiosis como la española, en la que todos ganan.
Sólo podremos construir un Estado como el español con una economía privada sustentable, que nos permita –como mínimo– duplicar nuestro PBI. Si apostamos por seguir agrandando nuestro Estado a expensas de una carga tributaria impagable para las empresas, no sólo no podremos lograrlo, sino que anularemos la creación de riqueza y multiplicaremos aún más la pobreza.
Es menester, por tanto, que el Estado propicie activamente el crecimiento mediante políticas crediticias, impositivas y regulatorias, que alienten la inversión y ayuden a las empresas a mejorar su productividad y su competitividad. De las recurrentes crisis que sufre Argentina, sólo podremos salir si somos capaces de generar más y mejores negocios para nuestro sector privado, que a su vez creará más y mejores empleos y pagará más impuestos, reactivando así la economía y permitiendo que el Estado cumpla con creciente eficiencia el rol que todos queremos que cumpla.
(*) El autor es Presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA).
Marcela Vincenti
