Para adentrarnos en el tema tenemos que comenzar por comprender qué es un «Desastre» y cómo se genera. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo define como «una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona una gran cantidad de muertes al igual que perdidas e impactos materiales, económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos».
Que la capacidad de la sociedad afectada para el afrontamiento se vea superada es uno de los puntos sobre el que debemos enfocarnos al hablar de la logística en situaciones de desastre. Pero antes debemos considerar tres elementos que son los que facilitan la ocurrencia del desastre.
Una catástrofe, muchas variables
El primero y el detonante del desastre es la amenaza, que está constituida generalmente por condiciones naturales sobre las que el hombre aún no puede actuar (por ejemplo los sismos, las tormentas, las sequías, etc.). El segundo, y que tiende a maximizar los efectos del primero, son las vulnerabilidades existentes (la pobreza, el hacinamiento, el desarrollo no planificado, etc.). Si bien existe la capacidad teórica para superar la mayoría de las vulnerabilidades existentes, diversas situaciones político sociales y/o económicas no lo han permitido e incluso las han magnificado. Y por último, el tercer elemento son las medidas de afrontamiento inexistentes o insuficientes, es decir, la incapacidad de responder a la amenaza por no haber previsto las acciones necesarias.
La conclusión de este párrafo podría ser que hoy la amenaza es inevitable; en el corto/mediano plazo las vulnerabilidades no disminuirán sensiblemente (de hecho es factible que continúen incrementándose), por ende solo podemos accionar e incidir para evitar el desastre en lo inmediato con adecuadas medidas de afrontamiento. Y aquí es donde la logística y sus diferentes funciones adquieren una relevancia protagónica.
Un plan para cada situación
El diseño de una estrategia de afrontamiento eficaz y eficiente es un trabajo transversal y multidisciplinario, que sin duda debe comenzar con una adecuada evaluación de las amenazas y los posibles afectados en función de la magnitud de la misma. Un aspecto a destacar es que no pueden existir, o al menos es muy difícil de lograr, estrategias generales que sirvan para todas las amenazas y para diferentes territorios. Las estrategias deben ser de un alto grado de especificidad y considerar además la incidencia de diferentes magnitudes de amenaza, siendo su objetivo que un evento no escale hasta devenir en desastre. Para ello podemos agrupar las estrategias o las acciones que las conforman, según su oportunidad de implementación en corto, mediano y largo plazo. Las primeras, y en las que se centra este artículo, son las que ocurren inmediatamente después de que la amenaza se concretó, y se caracterizan por ser medidas en las que prima la urgencia sobre la precisión. Tienden a asegurar la supervivencia básica (alimentación, hidratación y abrigo/refugio) de los afectados, contener las consecuencias del evento y el rescate de las víctimas. Las de mediano plazo buscan brindar condiciones aceptables de vida hasta que se restablezcan las fuentes de sustento naturales de la población afectada, los campos de refugiados son un ejemplo de medidas de mediano plazo. Y las de largo plazo son las que se adoptan para reconstruir las fuentes de sustento antes mencionadas.
Suma de voluntades
Volvamos al corto plazo. Luego de concretado el evento catastrófico (por ejemplo un terremoto) las medidas de mitigación deben prever una serie de acciones de diferentes organismos que idealmente deben ocurrir de manera sincronizada y coordinada, para ello es necesario que las mismas se hayan planificado previamente en función de las amenazas evaluadas. En los últimos años, en virtud de la incidencia creciente de diferentes catástrofes y el aumento continuo de las víctimas producidas, se ha establecido como un principio rector en la gestión de amenazas la unificación de esfuerzos gubernamentales, no gubernamentales (ONG), voluntarios y privados. Sin la participación coordinada de cada uno de estos elementos no es posible evitar el desastre.
En general, y considerando la gestión logística, las estrategias de afrontamiento o mitigación buscan aprovisionar en un plazo muy breve recursos materiales y humanos desde un territorio a otro, y paralelamente pero en sentido contrario, asegurar un flujo de información tal que permita que las medidas generales adoptadas inicialmente vayan siendo cada vez más específicas y precisas. Recordemos que la capacidad de la sociedad afectada para superar la catástrofe se ha visto sobrepasada, de allí la importancia de esta nueva cadena de abastecimientos que se conforma «ad-hoc» para enfrentar la situación considerada. Dicha cadena de abastecimientos debe permitir que los organismos designados atiendan a los heridos, alimenten a los afectados, les provean refugio y facilidades sanitarias entre otras muchas funciones. Los requerimientos son infinitos, diversificados, y los volúmenes pueden superar rápidamente el tráfico comercial que la zona afectada requiere habitualmente en una situación normal.
El rol de los gobiernos y organizaciones no gubernamentales se vincula de manera más natural con los desastres y resulta más instintivo asignarle funciones, no ocurre lo mismo con las organizaciones privadas. Sin embargo la respuesta no es difícil de hallar: aportan recursos tanto humanos como materiales, pero en la gestión de emergencias no alcanza con las donaciones sino que es necesario un rol mucho más activo, que para ser eficaz debe establecerse previamente. Los recursos necesarios, como ya se dijo, son diversos y una lista exhaustiva abarcaría prácticamente todos lo que se produce en una nación considerando tanto bienes como servicios.
Participación privada
El aporte del sector privado no necesariamente debe ser gratuito, en función de los planes desarrollados una empresa puede brindar determinada capacidad de transporte a un precio preacordado o arrendar un depósito a un costo establecido. Otra opción puede ser que el estado u otro organismo subvencione parte de los costos de mantener un mayor stock de seguridad de un producto específico (ejemplos: agua embotellada, colchones, determinada droga, etc.) con el compromiso de adquirirlo a un valor preacordado en caso de una emergencia. Las opciones son diversas y en caso de un desastre siempre el estado estará en condiciones legales de expropiar aquellos elementos que considere necesarios, aunque esta solución sea la menos conveniente por diferentes razones.
La participación del sector privado no se limita solo al recurso material, ya que también posee personal altamente capacitado que puede ser empleado en diferentes actividades para conformar la cadena de abastecimientos que se debe establecer para sostener la operación en la zona siniestrada. Para las empresas puede ser un desafió y una excelente política de responsabilidad social hallar, en función de su misión, una inserción eficiente en dicha cadena de abastecimientos. Pueden colaborar en la confección de las estrategias de reducción de riesgo de desastre (RRD), participando en el planeamiento comprometiendo parte de su capacidad productiva u otros recursos si ocurriera la tragedia.
Desde la década de los noventa hasta la actualidad, la Organización de las Naciones Unidas ha promovido diferentes acciones tendientes a reducir el riesgo de desastres, siendo la respuesta de los diferentes estados por demás variada en cuanto al compromiso evidenciado. Se han establecido compromisos a futuro para intensificar, tanto el conocimiento en la materia, como la implementación práctica de medidas de reducción de riesgo de desastres. Algunos aspectos que debemos considerar para evaluar nuestra posición con respecto al tema:
– Entre los años 2002 y 2011, ocurrieron 4139 desastres alrededor del mundo como consecuencia de riesgos naturales, en los que murieron 1.117.527 personas y se registró un mínimo de pérdidas de U$S 1.195 billones. Solamente durante el año 2011, 302 desastres produjeron 29.782 muertes, afectaron a 206 millones de personas e infligieron daños valuados en un mínimo estimado de U$S 366 billones.
– Más gente y asentamientos se localizan en áreas de alto riesgo. La proporción de la población mundial que habita en cuencas ribereñas inundables se ha incrementado en un 114%, mientras que los que habitan en zonas costeras expuestas a ciclones ha crecido un 192 % en los últimos treinta años. Más de la mitad de las grandes ciudades del mundo, con poblaciones que van de los 2 a los 15 millones, se encuentran localizadas en zonas de alta vulnerabilidad a la actividad sísmica. La rápida urbanización incrementará aun más el riesgo de desastre.
Hoy existe una gran deuda a nivel mundial en lo que a reducción de riesgo de desastres se refiere. Pocos países han logrado desarrollar las estrategias necesarias para afrontar todas las amenazas que pueden ocurrir en su territorio. Quizás el aporte más importante que en la actualidad podemos realizar es difundir la temática y concientizar acerca de ella. La reducción de los desastres depende de la participación de todos los miembros de una sociedad y es un elemento fundamental para asegurar un desarrollo sustentable.
(*) Lic. Socio Gerente de REGUERO&BALLVE Consultura.
