Las cámaras sectoriales y la Unión Industrial Argentina (UIA) refuerzan por estos días las pruebas documentales para insistir con su reclamo al Gobierno por el funcionamiento del Sistema de Transporte Protegido (TAP), que desde junio los obliga a pagar 67 dólares por cada contenedor que entra o sale del puerto de Buenos Aires, un territorio dominado por la firma IVETRA, ligada al Sindicato de Camioneros y, así, al líder de la CGT, Hugo Moyano.
Así, mientras en los despachos de Débora Giorgi y Julio De Vido se toman su tiempo para responder a los planteos de la UIA, en la central industrial están reuniendo documentación que les envían desde las distintas regionales del país con el objetivo de reforzar los avales que les permiten reclamar por lo que consideran que es un servicio monopólico, que rige desde el pasado 13 de junio. El TAP es un certificado que acredita que las empresas exportadoras o importadoras han contratado un seguro para sus contenedores. Sin ese certificado que emite IVETRA ningún camión puede entrar o salir del puerto, y el único que expide ese certificado es IVETRA (Instituto Verificador del Transporte), una sociedad presidida por el ex juez Daniel Hermanos, quien hoy ejerce como abogado del gremio Camioneros. Pero no sólo en la UIA la implementación de esta suerte de peaje despertó polémica.
En la Cámara de Exportadores las quejas también se hicieron escuchar. «Las terminales portuarias son un servicio público, pero te están obligando a contratar un servicio privado y monopólico para acceder a ellas. «Si no pagas 67 dólares no te dejan entrar», señalaron. Y presentaron un reclamo ante Defensa de la Competencia, por considerar que se trata de un servicio que se presta de manera monopólica.
Fuente: Clarín
