Como en una suerte de «carrera armamentística», los equipamientos utilizados por los piratas del asfalto evolucionan a la par de las innovaciones tecnológicas concebidas para brindar mayor seguridad a los vehículos y mercaderías en tránsito.
Natalia Gambaro, Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires e integrante del Bloque Peronismo Federal, impulsa un proyecto que busca regular la compraventa de inhibidores de señal, un equipamiento sobre el que actualmente existe un vacío legal, y que representa una herramienta muy utilizada por las bandas delictivas para cortar la comunicación de los rastreadores satelitales y dejar a los vehículos incomunicados y a merced de los robos.
Consultada por Énfasis Logística, la Diputada Gambaro se refirió a las características de estos equipamientos y a sus expectativas sobre la marcha del proyecto de regulación: «Estos instrumentos funcionan básicamente bloqueando la señal emitida por cualquier sistema de comunicaciones móviles, ya sea del tipo GPS, GPRS o similares. En el caso de los denominados «piratas del asfalto», los delincuentes aprovechan esta tecnología para interferir cualquier intento de comunicación, de pedido de auxilio o geolocalización de la unidad interceptada. Actualmente en nuestro país estos equipos pueden ser adquiridos libremente, incluso en conocidos sitios de subastas, ya que no se regula su venta, compra ni transferencia. Su uso para la comisión de delitos no está debidamente tipificado en el Código Penal. Esto hace que sea casi imposible imponer una sanción penal por su utilización de forma ilegal«.
Sobre su proyecto para abordar esta problemática la Diputada Gambaro expresó: «Propone regular la compraventa, transferencia y uso de estos sistemas. El proyecto está inspirado en legislación similar vigente en Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá, donde la prohibición es total, ya que se considera que cualquier bloqueo de señales puede impedir la asistencia en casos de emergencia. Esta legislación tiene por objetivo brindar un adecuado marco legal a la lucha contra esta metodología delictiva por parte de las fuerzas de seguridad. Esperamos de esta manera subsanar el vacío legal existente. Creemos que hay consenso en la mayoría de las fuerzas políticas para avanzar en soluciones reales y toda legislación que contribuya a la lucha contra el delito. En las Comisiones de Seguridad Interior y Legislación Penal hay muy buen diálogo» concluyó.
