El gobierno decidió suspender la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná y abrir una investigación sobre posibles irregularidades en el proceso. La medida generó una inmediata reacción por parte de Dredging Environmental and Marine Engineering NV (DEME), la única empresa que presentó una oferta, la cual rechazó las acusaciones y exigió que se convoque a un nuevo proceso licitatorio.
Desde el Ministerio de Economía se justificó la decisión señalando que la licitación carecía de una competencia real y que se sospechaba de presiones indebidas entre empresas, lo que llevó a la intervención de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para esclarecer la situación. La empresa DEME, de origen belga, aseguró haber señalado desde el inicio del proceso diversas falencias en los pliegos licitatorios, denunciando un direccionamiento que afectaba la competencia.
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A su vez, sostuvo que otras empresas y entidades del sector logístico, como la Unión Industrial Argentina, la Cámara de Puertos Privados y el Consejo Portuario, también expresaron críticas similares. A pesar de estas objeciones, la compañía decidió presentar una oferta con el propósito de exponer el costo real que podría alcanzar el sistema logístico argentino en un mercado abierto y competitivo. Desde la firma europea defendieron la transparencia y solidez de su propuesta, argumentando que cuentan con experiencia en múltiples mercados internacionales y que su competitividad en términos de costos y excelencia técnica está probada.
En este contexto, reclamaron que se avance con una nueva licitación basada en estándares internacionales que garanticen eficiencia y equidad en la selección del operador de la Hidrovía. Asimismo, expresaron su sorpresa ante la ausencia de otras empresas en el proceso, en particular la de Jan de Nul, la compañía que actualmente tiene a su cargo el dragado de la vía navegable.
Un actor logístico fundamental
La Hidrovía Paraguay-Paraná es clave para la economía argentina, ya que por ella circula aproximadamente el 80% de las exportaciones del país. Su correcto funcionamiento es fundamental para el comercio exterior, dado que permite reducir costos de transporte y mejorar la competitividad de los productos argentinos en los mercados internacionales. Su importancia estratégica radica en que conecta los principales puertos agroexportadores con el océano Atlántico, facilitando la salida de granos, aceites y subproductos industriales hacia los destinos de exportación. Un sistema eficiente y bien administrado puede generar ahorros significativos para el sector productivo y mejorar la balanza comercial del país.
El Ministerio de Economía defendió la decisión de anular la licitación bajo el argumento de que se debe garantizar una verdadera competencia de precios entre oferentes. Según la cartera conducida por Luis Caputo, pese a que hubo 11 empresas inscriptas en el proceso, solo DEME presentó una propuesta, lo que indicaría una posible falta de condiciones equitativas en la convocatoria. Además, remarcaron que la misma empresa que participó fue la que denunció supuestos direccionamientos en los pliegos, lo que reforzó las sospechas sobre la transparencia del proceso.
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Por otro lado, el Ejecutivo dejó en claro que la cancelación de la licitación no implica un retroceso en la intención de privatizar la Hidrovía. Desde el Ministerio de Economía aseguraron que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación ya está trabajando en la elaboración de nuevos pliegos, los cuales serán diseñados en base a las conclusiones que surjan de la investigación en curso. El objetivo, afirmaron, es garantizar que la adjudicación del servicio se haga bajo condiciones de máxima transparencia y en beneficio de la logística nacional.
En los próximos meses se espera que se den a conocer los avances de la investigación y los lineamientos del nuevo llamado a licitación. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el futuro de la Hidrovía sigue abierta, y el debate en torno a la mejor forma de administrar esta vía clave para el comercio exterior argentino continuará siendo un tema de relevancia tanto para el Gobierno como para el sector productivo del país.
Lucas Facundo Martínez
