Pocos sectores enfrentan un desafío tan complejo como el transporte marítimo en su camino hacia la descarbonización. La actividad representa alrededor del 3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, con proyecciones de aumentar significativamente en los próximos años. La Organización Marítima Internacional, organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de regular la seguridad y la prevención de la contaminación del sector, ha establecido una hoja de ruta con metas de cero emisiones netas hacia 2050, con un objetivo intermedio de alcanzar al menos un 10% de energía limpia para 2030. Estas metas empujan exigencias crecientes a lo largo de toda la cadena de suministro.
En 2023, la OMI implementó el Indicador de Intensidad de Carbono (CII, por sus siglas en inglés), un sistema de calificación anual que clasifica a los buques en cinco categorías, desde la A (Superior) hasta la E (Inferior). Las navieras con bajas clasificaciones tienen el desafío de subir en el ranking para no perder competitividad ni recibir sanciones.
Según la Regulación 28 del Anexo VI de MARPOL, los buques que caigan en la categoría E en un solo año, o en la categoría D durante tres años consecutivos, están obligados a presentar un plan de acción correctivo en lo que refiere a eficiencia energética. En caso contrario, corren el riesgo de perder su Declaración de Cumplimiento (SoC), quedando virtualmente fuera del mercado.
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Los grandes operadores logísticos, que deben cumplir con sus objetivos de sustentabilidad, están seleccionando embarcaciones con calificaciones altas, en un intento de minimizar sus emisiones de Alcance 3. Estas emisiones indirectas, generadas en la cadena de valor de una empresa, incluyen proveedores y clientes que no están bajo su control directo. Como destaca Lucas Peverelli, consultor en sustentabilidad y descarbonización en Business & Sustainability, en los últimos años han cobrado más relevancia ya que suelen representar entre el 70 y 90% de la huella total de carbono de una organización.
El panorama para las navieras y armadoras de esta cadena de valor es desafiante. La renovación de flotas o la incorporación de tecnologías de cero emisiones implica inversiones que, en muchos casos, son económicamente inviables en el corto plazo. Además, se prevé que la OMI continúe endureciendo los umbrales de cumplimiento a partir de 2026, luego de varios incrementos cercanos al 2% anual. Esto significa que una embarcación que hoy obtiene una calificación “C” (aceptable) podría descender a “D” en el futuro simplemente por la modificación del estándar.
Para acercarse a esos objetivos y subir su calificación, explica Peverelli, una opción es implementar combustibles compensados con créditos de carbono de alta calidad, lo que les permite a los proveedores de combustibles ofrecer un producto carbono neutral. A través de la adquisición de créditos de carbono verificados (VCUs), las operadoras pueden compensar sus emisiones e incluso llegar a neutralizar su operación.
“Al adquirir créditos de carbono y neutralizar su producción, los proveedores dejan de vender solo combustible, incorporando también cumplimiento regulatorio y seguridad comercial. El combustible carbono neutral, más que un avance ambiental, es una póliza de seguro para la competitividad de las navieras en un mercado que ya no perdona la ineficiencia carbónica», señala Peverelli.
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