A menos de un mes para que venza el plazo establecido por el Decreto 196/2025, la incertidumbre en el transporte de cargas se profundiza. El motivo es la escasa adhesión de varias provincias a la reformada Ley Nacional de Tránsito 24.449, una situación que amenaza con fragmentar las reglas de circulación en el país. Si no se concreta una armonización normativa antes del 19 de mayo, el sistema logístico argentino podría enfrentarse a interrupciones graves, tanto en el tránsito interjurisdiccional como en los circuitos de distribución clave para la actividad económica.
Uno de los principales puntos de conflicto es la validez de las licencias profesionales. Con el nuevo marco, los registros de las categorías C, D y E deberán ser expedidos por provincias que adopten los estándares de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Esto implica exámenes psicofísicos y capacitaciones obligatorias para los conductores de vehículos con un peso superior a los 3.500 kilogramos. En la práctica, si una provincia no se adhiere, sus licencias podrían ser rechazadas en otras jurisdicciones, generando trabas operativas, sanciones administrativas y pérdida de tiempo en controles fronterizos.
Cristian Sanz, presidente de FADEEAC, fue claro al advertir que la adhesión “no es un trámite administrativo, es una condición esencial para garantizar la circulación segura y homogénea de los vehículos pesados entre jurisdicciones”. En este sentido, el riesgo no se limita a lo regulatorio: también hay implicancias logísticas y económicas de peso. Si los camiones no pueden operar sin obstáculos en todo el territorio nacional, la provisión de insumos a fábricas y comercios puede verse alterada, con efectos en los precios y la disponibilidad de productos básicos.
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Los mayores perjudicados por una eventual descoordinación serían los centros industriales y comerciales que dependen de un flujo continuo de mercaderías. La ineficiencia resultante podría multiplicar los costos de traslado y terminar impactando en los consumidores. “La logística se traba y se multiplica el costo del transporte. Y eso lo termina pagando el consumidor final”, alertó Sanz. Desde FADEEAC remarcan que el cumplimiento parcial del nuevo régimen socavaría las bases de un sistema que debería operar con parámetros previsibles y homogéneos en todo el país.
En busca de una solución, la federación ha intensificado el diálogo institucional con autoridades locales. En las últimas semanas, sus representantes mantuvieron encuentros con los intendentes Guillermo Montenegro (Mar del Plata) y Federico Susbielles (Bahía Blanca), entre otros. La estrategia apunta a generar conciencia sobre la urgencia del tema, particularmente en distritos con fuerte actividad portuaria o rutas troncales, donde una parálisis tendría consecuencias inmediatas sobre el comercio y la industria.
Más allá de lo urgente, el sector también ve en esta reforma una posibilidad de avanzar en la profesionalización de los conductores y la mejora de las condiciones de seguridad vial. Según Sanz, “no se trata solo de cumplir con una norma, sino de dar un salto de calidad”. La implementación de controles uniformes permitiría reducir la siniestralidad y establecer estándares más exigentes para la operación de vehículos de gran porte, beneficiando al conjunto del sistema vial.
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La cuenta regresiva impone una tensión creciente. La falta de adhesión provincial puede convertirse, en poco tiempo, en una barrera estructural para la circulación de cargas en el país. Esto no solo pondría en jaque la competitividad de las empresas transportistas, sino que también alteraría el abastecimiento en áreas sensibles como alimentos, medicamentos o combustibles. La necesidad de una acción coordinada entre Nación y provincias es hoy más apremiante que nunca.
“La aceptación por parte de las provincias de la normativa nacional garantiza reglas claras y homogéneas para todo el sistema de transporte de cargas. Es una condición necesaria para mejorar la logística, cuidar la seguridad vial y dar previsibilidad a una actividad clave para el desarrollo productivo del país”, concluyó Sanz. Mientras tanto, el sector espera definiciones concretas y rápidas, para evitar que el transporte terrestre, columna vertebral del comercio interno, entre en una zona crítica de incertidumbre normativa.
