A fines de enero de 2026, el Gobierno nacional resolvió intervenir administrativamente el Puerto de Ushuaia por un plazo de 12 meses, a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 4/2026 y se apoyó en auditorías técnicas y contables que, según el organismo, detectaron irregularidades en la gestión de recursos, falencias de infraestructura y riesgos para la seguridad operativa de la terminal.
Entre los fundamentos expuestos por la ANPyN se mencionaron deficiencias estructurales en muelles, defensas y pavimentos, además de observaciones sobre la ausencia de protocolos adecuados para la separación de áreas de carga y pasajeros. También se cuestionó el destino de fondos generados por la actividad portuaria, que habrían sido utilizados en rubros ajenos a la inversión directa en el puerto, en presunta contradicción con el esquema de transferencia vigente desde 1992.
Pese al alcance de la medida, el Gobierno nacional resolvió diferir la suspensión efectiva de la habilitación del puerto, con el objetivo de no interrumpir la operatoria durante la temporada alta. Esta decisión buscó preservar el normal desarrollo de las actividades vinculadas al turismo antártico, el arribo de cruceros y la logística regional, áreas en las que Ushuaia cumple un rol estratégico como nodo marítimo en el extremo sur del continente.
La cuestión judicial
La intervención dio lugar a una rápida judicialización del conflicto, luego de que la Provincia de Tierra del Fuego promoviera una acción para cuestionar la legalidad de la resolución. El planteo incluyó un pedido de inconstitucionalidad y la solicitud de una medida cautelar destinada a frenar los efectos de la intervención, bajo el argumento de que se vulnera la autonomía provincial sobre la administración portuaria.
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En los primeros días de febrero, el Juzgado Federal de Ushuaia admitió formalmente la presentación, inició el trámite y requirió la intervención de las partes involucradas. El expediente avanzó en una etapa preliminar, sin pronunciamientos sobre el fondo del asunto ni sobre la cautelar solicitada, mientras se analizaban cuestiones vinculadas a la competencia judicial.
En ese contexto, y en un movimiento clave ocurrido en las últimas 48 horas, el juez federal interviniente se declaró incompetente para seguir entendiendo en la causa y resolvió remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El magistrado sostuvo que, al tratarse de un litigio directo entre una provincia y el Estado nacional, corresponde la competencia originaria del máximo tribunal, por lo que se abstuvo de resolver cualquier cuestión sustantiva.
De manera paralela, también se produjo un cambio relevante en la representación legal de la provincia, luego de que el Fiscal de Estado de Tierra del Fuego se excusara de intervenir en el proceso. La decisión fue atribuida a diferencias de criterio respecto de la estrategia judicial adoptada y de la forma en que se estructuró la demanda, lo que obligó al Ejecutivo provincial a reorganizar su defensa en el marco del conflicto.
El escenario actual mantiene un delicado equilibrio entre la disputa institucional y la necesidad de asegurar la continuidad operativa del puerto. La ausencia de una cautelar y la postergación de la suspensión permiten que Ushuaia siga cumpliendo su función como plataforma clave para la actividad marítima y antártica. Sin embargo, el traslado del caso a la Corte Suprema introduce un factor de incertidumbre a mediano plazo, ya que el fallo que adopte el tribunal podría redefinir el esquema de control y administración de una de las infraestructuras portuarias más sensibles del país.
Lucas Facundo Martínez
