El Gobierno nacional oficializó la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y dispuso que sus competencias pasen al Ministerio de Economía, según se establece en el decreto 461/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial. La medida alcanza también a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y a la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, en el marco de una reorganización estructural que se apoya en la finalización del régimen de emergencia contenido en la Ley Bases.
En el nuevo esquema, las tareas de construcción, mantenimiento y mejora del sistema troncal de rutas nacionales, que históricamente fueron gestionadas por Vialidad, estarán ahora bajo el control del Ministerio de Economía, que podrá delegarlas en otras jurisdicciones. A partir de la entrada en vigencia del decreto, toda mención normativa a la DNV deberá entenderse como referida a la cartera económica o al ente que esta designe. El cambio de competencias no implica necesariamente la transferencia automática de estructuras o personal, y se enmarca en una estrategia de reducción de costos operativos.
El texto del decreto argumenta que la Dirección Nacional de Vialidad presentaba una “estructura compleja” y poco eficiente, lo cual —según la norma— derivaba en demoras en la ejecución de obras y en un gasto elevado para el Estado. Además, se menciona una “desproporción entre recursos materiales, cantidad de agentes, y personal administrativo y jerárquico frente a los dependientes operativos”. En ese sentido, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que con esta decisión “se termina un ícono de la corrupción”.
El Gobierno también justificó la medida al destacar que, a su criterio, existen diferencias significativas en los niveles de eficiencia entre la gestión estatal y la concesionada en materia de mantenimiento vial. “La transferencia de funciones al sector privado podría generar ahorros significativos”, sostiene el decreto. De esta forma, se anticipa una profundización del modelo de concesiones, lo que implica una menor intervención estatal directa en el mantenimiento de las rutas y una mayor participación del capital privado.
Nuevo organismo y distribución de tareas
Por otra parte, la fiscalización de las concesiones viales —tanto las vigentes como las futuras— será transferida a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Esta entidad surge como resultado de la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que dejará de existir. Según el decreto, se mantendrá la condición de ente autárquico con el objetivo de “proteger los derechos de los usuarios”, y se apunta a mejorar la eficiencia técnica, los controles y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
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En el caso de la ANSV, la norma establece que la mayor parte de sus atribuciones pasarán a la Secretaría de Transporte, que también dependerá del Ministerio de Economía. Sin embargo, una de las funciones más relevantes que tenía la agencia —la fiscalización del tránsito en rutas nacionales— será asumida directamente por Gendarmería Nacional. “Tendrá a su cargo la constatación de infracciones de tránsito en rutas, autopistas, semiautopistas nacionales y otros espacios del dominio público nacional”, detalla el articulado. Además, se la autoriza a coordinar operativos con otros organismos nacionales, provinciales y municipales.
El decreto también redistribuye los fondos que hasta ahora gestionaba la ANSV. En particular, el 1% de las primas de seguro automotor que los asegurados pagan obligatoriamente y que se destinaba a esa agencia pasará a ser administrado por el Ministerio de Economía. Este último podrá derivarlos a otras jurisdicciones o entidades que se encarguen de tareas relacionadas con el tránsito y la seguridad vial, según determine el propio Ejecutivo.
Finalmente, como parte de la misma reforma, se estableció la creación de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, que reemplazará a la actual Junta de Seguridad en el Transporte. Esta modificación forma parte de una reorganización más amplia del sistema de control en el sector aerocomercial, que podría derivar en la eliminación de otros organismos vinculados con la siniestralidad aérea. La reconfiguración general ocurre en el marco del vencimiento de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo por la Ley Bases, que perderán vigencia en las próximas horas.
