La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) presentó una denuncia administrativa ante la Secretaría de Transporte de la Nación para cuestionar un esquema de cobros aplicado al tránsito pesado en Ramallo, provincia de Buenos Aires. La entidad pidió la intervención del Ministerio de Economía y una medida cautelar para suspender el sistema, que contempla cargos de hasta $37.000 por pesaje y otros $25.000 por ingreso a determinados predios.
El conflicto se concentra en el Acceso Sánchez, un tramo de aproximadamente 5,1 kilómetros que conecta la Ruta Nacional 9 con la zona industrial y el área portuaria vinculada con San Nicolás. Mediante la Licitación Pública N° 3/25, el Municipio de Ramallo adjudicó a Plus Byte SRL la instalación y operación de dos pórticos tecnológicos destinados al pesaje dinámico y al control de los vehículos mediante dispositivos TAG. La concesión tiene un plazo de 20 años.
Para FADEEAC, el mecanismo funciona en los hechos como un “peaje municipal encubierto”. Según la presentación de la Federación, la normativa establece cobros de hasta $37.000 por los controles de pesaje y hasta $25.000 adicionales cuando los camiones ingresan a plantas industriales o playas de estacionamiento. La entidad sostiene que, por la extensión del corredor, el costo por kilómetro resulta 120% superior al del peaje del complejo Zárate-Brazo Largo.
La discusión no se limita al sistema de pórticos. FADEEAC también cuestionó una tasa vial equivalente al 2% sobre cada litro de combustible comercializado en el partido de Ramallo, aprobada a fines de 2025 y vigente desde enero de este año. De acuerdo con la entidad, ambos mecanismos generan una carga adicional para las empresas que operan en una zona con un movimiento industrial y portuario relevante.
El argumento de FADEEAC
En su presentación, la Federación sostuvo que los cobros podrían configurar una doble imposición y planteó objeciones vinculadas con la Ley de Coparticipación Federal y la Ley Nacional de Combustibles. También cuestionó que la recaudación derivada del sistema tenga una relación proporcional con los servicios de mantenimiento previstos para el corredor.
La concesión contempla tareas como bacheo, iluminación, señalización y mantenimiento del tramo. FADEEAC sostiene, sin embargo, que la recaudación proyectada resultaría desproporcionada frente al costo de esas prestaciones y que el esquema podría establecer, en los hechos, una barrera económica para el tránsito de cargas. La entidad pidió que el Ministerio de Economía impulse una medida cautelar para suspender los cobros y reclamó la derogación de la normativa municipal cuestionada.
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Cristian Sanz, presidente de FADEEAC, advirtió que el problema excede el caso puntual de Ramallo. “No podemos permitir que se reinstalen aduanas interiores disfrazadas de tasas de mantenimiento”, sostuvo, y señaló que una eventual proliferación de mecanismos similares podría incrementar los costos del transporte y afectar el movimiento de mercaderías.
Desde el sector empresario también señalaron el impacto potencial sobre las industrias de la zona. Según FADEEAC, más de un centenar de empresas de transporte y dadoras de carga manifestaron su preocupación por el sistema y advirtieron sobre el efecto que tendría sobre sus costos operativos. La entidad sostiene que el Acceso Sánchez constituye un corredor relevante para llegar a los establecimientos industriales y al Puerto de San Nicolás.
El Municipio rechaza que sea un peaje
La Municipalidad de Ramallo, en tanto, rechazó la caracterización de “peaje encubierto” y sostuvo que se trata de una tasa de tránsito pesado que existe desde 2002. Según explicó el Ejecutivo local, el cambio consiste en ampliar el universo de vehículos alcanzados por el pago y reemplazar el mecanismo mediante el cual determinados establecimientos abonaban anteriormente el concepto.
La comuna también señaló que los recursos se destinan al mantenimiento de la red vial, iluminación, señalización y asistencia sobre los caminos. En el caso de los transportistas radicados en Ramallo, indicó que el esquema contempla un pago diario con hasta diez accesos. De esta manera, la discusión queda planteada no solo sobre el monto de los cargos, sino también sobre la naturaleza jurídica del cobro y la relación entre la tasa y los servicios que presta el municipio.
El caso suma así otro capítulo al debate sobre el costo de circular con cargas en corredores industriales y portuarios. Por ahora, la presentación de FADEEAC constituye un reclamo administrativo y un pedido de intervención ante organismos nacionales: los cobros no fueron declarados ilegales ni suspendidos por una decisión judicial. El próximo paso dependerá de la respuesta de la Secretaría de Transporte y del Ministerio de Economía frente al planteo de la Federación.
Lucas Facundo Martínez
