La semana pasada, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, habló de la estructura del INTA y los cambios que podría haber que alarmó al sector. «El INTA tiene 6.000 personas. Pero, en el año 2003 la planta era de 3000. Entonces, si el INTA es realmente una organización que durante muchos años ha generado servicios para el campo, por lo menos vale hacerse la pregunta si en el 2003 tenían 3000 o 3500 personas por qué hoy necesitan más de 6000 personas y 3000 vehículos”, remarcó.
El avance que busca el Gobierno, indicó, llevaría al achicamiento y reducción del Consejo Directivo, integrado por el sector público y el privado, especialmente en el cambio en su composición, con la salida de las universidades y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea). Este cambio modifica el modelo histórico de gobernanza del INTA, en donde el Poder Ejecutivo pasaría a tener un peso decisivo en los destinos de la institución.
Te puede interesar: CDA 2025: los números del evento
Impacto para el sector productivo argentino
Ante esto, la mesa de enlace solicitó una reunión con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y los titulares del INTA. Allí, los dirigentes agropecuarios coincidieron en que son necesarias algunas modificaciones para construir un instituto más eficiente y moderno. Sin embargo, se mantuvo firme en tres reclamos fundamentales al gobierno nacional:
- que mantenga su autarquía;
- su gobernanza y
- su estructura de Centros Regionales, «ya que se trata de una herramienta imprescindible para el desarrollo agropecuario”.
En una entrevista con LA NACION, Ariel Pereda, director nacional del INTA, dijo que el organismo en el último año y medio lleva una reducción de su planta en el orden de 650 trabajadores, por intimación de jubilaciones y retiros voluntarios. “Si consideramos las proyecciones por bajas estimadas para los próximos años, a fines de 2025 la planta de INTA se reducirá en un 16%, y si se considera el valor de la dotación óptima la reducción es del 23%”, señaló.
Según Pereda, la consecuencia directa de este avance sería que el INTA “dejaría de ser un organismo técnico para ser uno político”, algo que, mirado con perspectivas más allá de lo inmediato, “quedará sujeto a los vaivenes del color político de los gobiernos de turno”. Esto implicaría un impacto directo para el interior productivo del país.
Fuentes: Clarín y La Nación
Marcela Vincenti
