A las trabas al comercio, el gobierno de Cristina Fernández sumó la prohibición de que mercadería argentina no transborde en puertos uruguayos.
Operadores sostienen que se pone en riesgo a Montevideo como puerto de referencia. Para Mujica es una represalia por UPM.
«Nosotros nos vimos entre la espada y la pared y tuvimos que tomar la medida que tomamos con respecto a la fábrica de celulosa (UPM y la autorización del gobierno uruguayo a un aumento provisorio de la producción) y ahora de casualidad pasan estas cosas», ironizó ayer el presidente José Mujica respecto a la decisión del gobierno argentino de prohibir el transbordo de mercaderías en terminales portuarias uruguayas.
Ayer se conoció una disposición de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de Argentina donde se expresó que dentro del ámbito geográfico de los países que integran el Mercosur las cargas de exportación originadas en puertos argentinos «únicamente podrán ser transbordadas en otros puertos de jurisdicción nacional o en puestos de los Estados Parte del Mercosur y sus Estados asociados que mantengan acuerdos vigentes de transporte marítimo de cargas con la República Argentina».
Esta decisión afecta directamente a Uruguay que no tiene este tipo de acuerdos con el gobierno de Cristina Fernández. Y se suma a restricciones y demoras que enfrentan constantemente mercaderías uruguayas para ingresar a Argentina (ver nota aparte).
Mujica afirmó que Uruguay enfrenta problemas de relacionamiento comercial dentro del Mercosur. Con Argentina «siempre hay dificultades, pero bueno, tenemos que bancarlas. Ahora son problemas en las importaciones y otras medidas de carácter proteccionista. Por ahora estamos evaluando», afirmó el mandatario.
«Son rémoras que tenemos (en el Mercosur). Tenemos trabas, pero ya nos vamos a revolver», añadió.
PERJUICIOS
El presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alberto Díaz, dijo a El País que ya el año pasado las autoridades marítimas argentinas estuvieron a punto de aplicar esta norma que luego quedó sin definir. «Por eso, ahora nos tomó totalmente de sorpresa. Es una complicación adicional y hay que ver cómo se mitiga», dijo Díaz.
Uruguay mueve 100.000 contenedores de 20 pies de mercadería argentina en tránsito al año. Eso le genera a la ANP una facturación anual que oscila entre los US$ 2 u US$ 3 millones y a las empresas navieras mucho más.
Por su parte, el gerente general de Montecon -que opera carga en los muelles públicos del puerto-, Juan Olascoaga, dijo a El País que la afectación que provocará la medida argentina es muy fuerte porque el mayor porcentaje de transbordos (o tránsitos) que se manejan en Uruguay son procedentes de Argentina.
Pero más allá de la gravedad puntual de la prohibición de los transbordos señaló que hay otro problema aún mayor.
«Hay mucha dependencia de carga argentina y si desaparece hay un gran riesgo de perder escalas oceánicas que pasan por Montevideo», dijo.
Explicó que Montevideo está dentro de un recorrido de algunas compañías marítimas, precisamente por tener esos transbordos de mercadería argentina. Con la prohibición actual, los exportadores de la vecina orilla buscarán hacer los tránsitos en Brasil, con quien sí tienen un acuerdo de transporte marítimo de carga como ahora lo exige el gobierno K.
«La medida constituye un gran prejuicio para Montevideo y un gran beneficio para Brasil, fundamentalmente para Río Grande do Sul», afirmó Olascoaga.
La ANP preparaba ayer un informe para la Cancillería y ya tenía previsto además realizar reuniones con varias compañías navieras que operan en el país para intercambiar posturas sobre la nueva decisión de Argentina y el posible impacto en la operativa en Uruguay.
La Cámara de Industrias (CIU) identificó que hay US$ 13,5 millones de exportaciones que aún no pudieron ingresar a Argentina a raíz de las trabas comerciales que aplica el gobierno de ese país.
El presidente de la comisión de Comercio Exterior de la CIU, Rafael Sanguinetti, dijo ayer a El País que el sector de la vestimenta tiene US$ 9,9 millones de permisos de exportación trancados al no tener autorizados los importadores argentinos la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI).
Los otros sectores con problemas son el plástico con mercadería trabada por aproximadamente US$ 1 millón y los alimentos por US$ 2,5 millones. En el caso de la industria gráfica no hay atrasos, ya que este sector tiene una prohibición total para ingresar a Argentina, dijo Sanguinetti.
A su vez, el directivo de la Cámara Industrial de la Vestimenta (Cinvest), Elbio Fuscaldo, informó a El País que hay exportaciones con un retraso de más de 240 días.
Las empresas tienen 100 permisos trancados por las DJAI, dentro del plazo de 60 días válidos y los vencidos que superan esos dos meses. En los casos de más de 180 días hay exportaciones trancadas por US$ 1 millón.
«Esto genera una incertidumbre muy alta. Porque si hay para producir un pedido de Argentina, pero no está la DJAI, no se produce nada. Y si después te salen todas juntas tampoco podés producir todo porque no hay capacidad», agregó el empresario. Las DJAI en principio fueron un requisito de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que luego se amplió a otros organismos, como la Secretaría de Comercio Interior de Guillermo Moreno.
