Tres días de vigencia tuvo la resolución 4040 de la AFIP que había triplicado el cargo que deben pagar todos los operadores de comercio exterior por cada exportación o importación que realicen. Pero fue suficiente para que genere un fuerte revuelo entre los empresarios, que insisten con la imperiosa necesidad de reducir los costos para mejorar la competitividad. De u$s 10 que se pagaba por cada operación detallada en el Sistema Informático Malvina (SIM) –ex María–, la resolución publicada el martes pasado lo elevaba a u$s 30. Sin embargo, el malestar para los hombres de negocios duró poco, ya que el Gobierno decidió, una vez más, dar marcha atrás con la polémica decisión.
Según la nueva norma se prorroga por 90 días corridos la fecha de entrada en vigencia de la resolución 4040, contados a partir del 3 de mayo. Entre los considerandos, la AFIP sostiene que «en el actual contexto, y a fin de un nuevo análisis con relación a la facilitación, simplificación y acompañamiento del crecimiento del comercio internacional, se estima conveniente prorrogar la entrada en vigencia de la resolución».
La decisión de triplicar el cargo aduanero se sustentó, según la norma anterior, en la necesidad de «afrontar con eficacia los objetivos estratégicos propuestos para la Administración Federal y hacer frente a los elevados costos de una innovación tecnológica adecuada». «Resulta indispensable fijar un nuevo valor para el citado arancel», planteaba la resolución 4040.
Rápidamente comenzaron las quejas de los operadores del comercio exterior, que cuestionaron el cargo y enfatizaron que ya con los u$s 10 quedan fuera de competencia respecto de otros países vecinos. En Chile, Ecuador y México, por ejemplo, el servicio de oficializar una operación no tiene costo, en tanto que en Brasil sólo cobran por la importación. En Uruguay, en tanto, el valor es el mismo que en la Argentina (u$s 10 para exportar e importar).
«En 2015 calculamos que se recaudaron u$s 12 millones, por lo que con el aumento pensado se obtendrán más de u$s 36 millones aproximadamente. Si se busca financiar una inversión, que tampoco sabemos de qué se trata, los fondos deberían salir de rentas generales», afirmó un referente del comercio exterior que prefirió no exponerse públicamente. Y agregó: «Es un impuesto oculto».
La prórroga de la medida fue muy bien recibida por los operadores, aunque no dejaron de mencionar que apenas se trata de una dilación. Sin embargo, al menos da margen para que pueda reverse la decisión y evaluarla con más detenimiento. «La resolución original causó mucho malestar en el comercio exterior, por lo que vemos con buen agrado que el Gobierno haya reflexionado dado que habría implicado un nuevo costo que atentaría contra el comercio exterior», manifestó el titular de la Cámara de Importadores de la Argentina (CIRA), Rubén García.
Preocupadas, las terminales automotrices también habían evaluado el impacto que tendrían con el aumento del cargo. En algunos casos, el costo anual trepaba casi a u$s 1 millón, por lo que sumaba un nuevo condimento negativo a la pérdida de competitividad que ésta y todas las industrias tienen en la Argentina.
«A mi me pareció una descoordinación total en el Gobierno, ya que muchas áreas vienen trabajando justamente para reducir los costos y ser más competitivos. Además, hace 30 años que nos cobran esos u$s 10 que supuestamente era para mejorar el sistema informático. Fueron haciendo parches, pero se suponía que con esos fondos podían hacer mejoras. ¿Qué pasó con todo lo que nos cobraron?», se quejó el despachante aduanero y ex titular del Centro de Despachantes (CDA), Gustavo López.
Fuente: cronista.com
