Los directivos de la Cámara de Comercio Exterior de esta provincia (Cacec) le plantearon a Diego Dávila, director general adjunto de la Aduana, la necesidad de solucionar algunos aspectos que generan sobrecostos para exportaciones e importaciones a los empresarios del interior. El funcionario asumió hace poco más de un mes, precisamente, para aplicar un plan de desburocratización y reducción de costos de trámites.
Eduardo Serena, director de Operaciones y secretario de la Cámara, afirmó que Dávila «tomó nota» de los cambios que se requieren y ratificó que en el organismo están trabajando en una reingeniería para desmontar un esquema burocrático excesivo y algunos focos de corrupción. El problema más específico y más urgente es que el sistema multiaduanas -que sólo usan las del interior- lleva meses funcionando con «intermitencias, especialmente en las horas pico de operación». Ayer, por ejemplo, no anduvo.
Al no poder registrarse el despacho o gestionar los permisos de embarque, se generan demoras y sobrecostos. «Hay que reprogramar actividades, trabajar fuera de hora; es un problema que viene hace tiempo», describe Serena.
Otro aspecto clave es el de los controles de tránsito de la mercadería, que afectan las aduanas no portuarias o fronterizas, de las que Córdoba es la más importante. Hace algo más de tres años se estableció un sistema de precinto electrónico para monitorear el traslado de mercadería desde su ingreso hasta el punto donde se nacionaliza. «Compartimos la idea porque el costo era relativamente bajo -explica Serena-, pero se fue desvirtuando y hoy tiene una alta incidencia.» Señala que muy pocas empresas prestan el servicio de precinto, por lo que los precios se «dispararon», a la vez que se sumaron costos a partir de exigencias no sostenibles legalmente, como «garantías que contratan esos prestadores y revenden».
El esquema tiene un costo que varía entre 700 y 1500 dólares, «lo que pone al interior en desventaja». Además, si la entrada es por el puerto de Buenos Aires se efectúan controles que alargan la estadía y multiplican hasta por cinco los costos de permanencia en puerto.
Dávila ratificó a la Cacec que avanza en las tareas para reducir la cantidad de mercadería que se controla por canal rojo que, en la actualidad es entre el 40 y el 45% de los contenedores. A partir de un modelo de selectividad «más inteligente», el objetivo es llegar a un «valor intermedio» entre el actual y el que tienen los países desarrollados, que ronda el 7%.
Los empresarios admiten que hay mejoras en los tiempos de retención de mercadería y en la baja de los costos de garantías, ya que se amplió a los seguros de caución. Falta resolver algunas controversias sobre los procedimientos a seguir para productos con restricciones, cuando además de la aduana intervienen terceros organismos; por ejemplo, casos de medicamentos o mercadería sujeta a certificación eléctrica.
Respecto de la instrumentación de un Registro Único de Comercio Exterior, Serena apunta que ya se informatizaron muchos trámites que antes eran a través de trámites físicos. «Llevará tiempo, pero hay adelantos».
