La presidente Cristina Fernández de Kirchner, anunció ayer por cadena nacional la expropiación y re estatización de la empresa petrolífera YPF, la cual se encontraba en manos del Grupo Petersen, de capitales privados, que pertenece a la familia Esquenazi.
De esta manera, el Estado Nacional adquiere el 51% (26% del total) de las acciones de YPF, la mayor parte de las acciones de Repsol, con lo cual será su accionista mayoritario y tomará su conducción. El restante 49% (25% del total), será de los gobiernos provinciales, mientras que al grupo Petersen le quedará el 25,4% original y a Repsol sólo 6,4%. El restante 17,1% flota en el mercado.
Para que esta decisión sea lega, el proyecto del Ejecutivo deberá ser convertido en ley por el Congreso Nacional. En el interín, el Gobierno tiene la potestad de ocupar temporariamente el control de la compañía al declarar de «interés público» el abastecimiento de hidrocarburos, pero aún varios puntos de la iniciativa son controvertidos.
La dirección del proceso de reconversión de YPF estará a cargo del Consejo Federal de Hidrocarburos, que se creará para tal fin, integrado por los ministros de Economía, Planificación, Trabajo e Industria, y las provincias.
Los beneficios de esta expropiación, a corto plazo, serán la recuperación del Estado del control de un activo estratégico para el desarrollo nacional. En términos de caja, equivale a un flujo adicional de fondos nada despreciable. En los últimos 5 años YPF tuvo utilidades por $ 21.400 millones, pero giró en concepto de dividendos pagados (básicamente al exterior) poco más que la totalidad de estas utilidades. Por lo tanto, hacerse de la caja que representa YPF equivale para el Gobierno a un doble beneficio: un flujo de fondos frescos adicional y una menor salida de dólares al exterior, que ayudaría a descomprimir el mercado cambiario.
Esta decisión no se ejecutará sin riesgos, ya que España iniciará acciones legales y se prevé que la Unión Europea también tomará medidas. El mayor riesgo para la Argentina es que la inversión se resienta. Y es una variable crucial porque en el largo plazo el país tiene dos desafíos: mayor productividad y menos inflación. Y las dos se combaten con más inversión.
Cronología
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que era una sociedad del Estado, se privatizó en 1992 y se convirtió en YPF S.A. El Estado otorgó privilegios a la compañía para incrementar su valor en el mercado y el sector privado, compuesto por bancos y fondos de inversión de diversos países, que fue acrecentando su participación en el paquete accionario.
En 1999, la empresa Repsol -de capital español- adquirió el 85,01% de las acciones de la compañía por US$13.439 millones, quedándose así con el 14,99% del paquete accionario.
En 2007 el grupo Petersen, comandado por la familia Eskenazi, se quedó con el 14,9% de YPF. El conglomerado empresario contó con el visto bueno del kirchnerismo en su intención de «argentinizar» la petrolera que supo ser propiedad del Estado. En mayo de 2011 este grupo amplió su participación en YPF con la compra del 10% más de acciones por un total de US$1.304 millones. De esta manera, se quedó con el 25,46% de la petrolera.
A partir de enero de este año, el Gobierno inició una ofensiva pública contra los dueños de YPF y empezó a sobrevolar la idea de una mayor interferencia estatal en la compañía. Las provincias comenzaron paulatinamente a quitarles áreas petroleras, hasta que la presidente realizó el anuncio oficial de su envío del proyecto de ley al Congreso para concretar la expropiación. A su vez, declaró de utilidad pública de la producción de combustible.
Fuente: La Nación / El Cronista Comercial
