El Gobierno argentino aprobó el Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE) a través del Decreto 37/2025. Este nuevo marco normativo tiene como propósito modernizar y unificar las reglas del transporte acuático en el país, buscando desburocratizar y liberar al sector de las restricciones estatales. El objetivo principal es priorizar los principios de libertad económica y de contratación, lo que permitirá una mayor flexibilidad y nuevas oportunidades para los actores del sector marítimo y fluvial.
Entre los cambios más significativos, se destaca la generalización de la validez de las autorizaciones emitidas por la Prefectura Naval Argentina, eliminando la necesidad de obtener permisos específicos para cada zona de operación. Además, la desregulación permitirá a los armadores optar por diferentes formas de certificación de seguridad para sus embarcaciones, con una opción más accesible para los buques más pequeños. Este sistema es considerado más flexible y con menores costos, según las autoridades.
El nuevo esquema también incorpora estándares y certificaciones internacionales, a través de organizaciones y sociedades de clasificación reconocidas por la International Association of Classification Societies (IACS). Esto se considera un paso importante hacia la simplificación de los trámites relacionados con la construcción, reparación y modificación de buques, tanto nacionales como extranjeros. Esta medida busca facilitar y agilizar procesos, eliminando barreras burocráticas.
Una de las características clave de esta normativa es la creación de un sistema simplificado para la construcción y certificación de buques de menos de 100 toneladas, con la posibilidad de ampliarlo a embarcaciones de mayor tonelaje en el futuro. En este sentido, las certificaciones podrán ser realizadas por profesionales calificados, lo que simplifica la gestión de nuevos proyectos y renovaciones.
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Asimismo, el régimen introduce modificaciones en la contratación del personal, estableciendo principios de libertad y digitalización de los trámites. Las habilitaciones del personal de tierra podrán tener una vigencia mínima de cinco años, reduciendo la necesidad de renovaciones frecuentes. Además, se limitan los controles al personal exclusivamente a cuestiones de seguridad.
Finalmente, el REGINAVE también trae beneficios para la navegación deportiva y la industria vinculada a la explotación petrolera. Las actividades comerciales con embarcaciones deportivas serán más flexibles, mientras que las certificaciones internacionales para dispersantes en la industria petrolera serán válidas sin necesidad de homologación por la Prefectura, lo que optimiza operaciones y reduce costos. Estas medidas están orientadas a promover el desarrollo económico y la competitividad del sector acuático.
Lucas Facundo Martínez
