El presidente Javier Milei formalizó la privatización total de Belgrano Cargas y Logística S.A. mediante el Decreto 60/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida establece la desintegración vertical de la empresa estatal, dividiendo sus distintas unidades de negocio para su transferencia al sector privado mediante distintos mecanismos. Como parte del proceso, el material rodante será subastado en un remate público, y los fondos obtenidos se destinarán a un fideicomiso para financiar obras ferroviarias.
Además, la infraestructura ferroviaria y los inmuebles serán otorgados en concesión de obra pública a operadores privados a través de una licitación nacional e internacional. También se contempla la concesión de los talleres ferroviarios bajo gestión privada, asegurando su continuidad operativa. Una vez finalizadas todas las etapas del proceso, la empresa estatal será disuelta y liquidada, marcando el fin de la administración pública sobre la operadora de carga.
El Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será el encargado de llevar adelante la privatización. El anuncio oficial fue anticipado en la red social X por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó que, una vez concluida la privatización, «el Estado dejará de ser operador de los servicios ferroviarios de carga y de toda su infraestructura: material rodante, vías, talleres e inmuebles».
La decisión se enmarca en el plan de privatizaciones impulsado por el Gobierno tras la aprobación de la «Ley Bases», aunque algunas empresas fueron excluidas del proceso luego de negociaciones con distintos sectores políticos. En el caso de Belgrano Cargas y Logística, la privatización responde a los bajos niveles de eficiencia que, según el Gobierno, caracterizan su funcionamiento.
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Creada en 2013 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la empresa surgió con el propósito de unificar la operación de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, claves en el transporte de granos y productos agroindustriales. Con una red que cubre 17 provincias, ha sido fundamental en el comercio exterior del país, pero el Gobierno argumenta que su desempeño no ha mostrado mejoras significativas en décadas.
Datos oficiales indican que Belgrano Cargas y Logística requirió un financiamiento estatal de 112 millones de dólares en el último año para sostener sus operaciones. A pesar de esa inversión, la distancia media de transporte de carga sigue siendo de 500 kilómetros, la misma que hace 50 años, lo que, sumado a los costos operativos y el déficit financiero, ha sido uno de los principales fundamentos para avanzar con la privatización.
El esquema adoptado se basa en la «concesión de infraestructura de acceso abierto», lo que obliga a las empresas concesionarias a permitir que cualquier operador de carga utilice las vías ferroviarias. De esta forma, el Gobierno busca evitar monopolios y fomentar la competencia dentro del sector. Mientras el Estado mantendrá la propiedad de las tierras y las vías ferroviarias, el resto de los activos pasará a manos privadas.
El proceso de licitación para la concesión de las vías y los inmuebles ferroviarios estará abierto tanto a empresas nacionales como extranjeras, con la expectativa de atraer inversiones que modernicen la infraestructura y optimicen la eficiencia del transporte ferroviario de carga. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, liderada por Diego Chaher, tendrá a su cargo la supervisión del proceso y la garantía de su transparencia.
Lucas Facundo Martínez
