El pasado fin de semana estuvo marcado por la disputa entre la provincia de Chubut y el Poder Ejecutivo, a partir de que este último no giró cerca de 13.500 millones de pesos del fondo federal. El ingreso es fundamental para el funcionamiento del aparato público y el Gobernador Ignacio Torres salió al cruce del oficialismo.
Desde Nación explican que se retuvo el dinero porque la provincia mantiene una deuda tomada por la gestión anterior. Sin embargo, el mandatario patagónico aseguró que se trata de una cuestión política y amenazó con cortar el suministro de hidrocarburos en caso de no llegar a un acuerdo para financiar esa deuda y que lleguen los fondos.
El escenario es complejo y el final incierto, así y todo, la situación fue abordado por, el director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, Francisco Romano. “Desde el punto de vista legal es imposible que Chubut corte con el suministro de petróleo y gas”, señaló el especialista, haciendo referencia a que el crudo pasa a ser propiedad de las compañías una vez es extraído y las autoridades quedaría expuestas a un proceso judicial en caso de detener las operaciones.
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Poe ello, Romano explica que la idea de la provincia es establecer “una especie de aduana interior” que impida la salida de la producción. “Para poder trabajar, las empresas necesitan el uso y goce pacífico de los yacimientos. Esta acción que se está planteando va en contra de la política nacional y de las concesiones otorgadas a las empresas. Y, en definitiva, en contra de la Constitución Nacional porque la provincia está excediendo la jurisdicción que tiene”, agregó.
Por otra parte, el directivo analizó las consecuencias metodológicas que implicaría una suspensión en los yacimientos. “Desde el punto de vista mecánico, es imposible en el sentido de que un pozo de petróleo no es como encender y apagar la luz. Implica que, si se cierra la válvula, inmediatamente se pierde producción y esa producción no se recupera más, por las propias características de la producción que necesita de cierta presión y condiciones que hacen que la producción sea continua. El daño es enorme”.
¿Qué pasa si se suspende la producción?
En caso de que el gobierno provincial logre avanzar con su iniciativa y los pozos se detengan, podría haber fuertes implicancias para el consumo interno de combustibles (entre otros derivados del petróleo). Según Romano, si eso sucede “tendremos que empezar a importar y esto significa un costo enorme para el país. Justamente va en contra de todo lo que se está haciendo en todos estos años, donde la Argentina lo que busca es la autosuficiencia y el autoabastecimiento en materia energética”.
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Además, expresó que las consecuencias se reflejarán también en la provincia también sufrirá sus propias consecuencias. “Al dejar de producir, deja de recibir regalías. Para provincias petroleras patagónicas, las regalías son su principal fuente de ingresos y esto se refleja claramente en sus presupuestos provinciales. Esta acción sería muy mala para la provincia”, indicó el especialista.
“Inclusive, en ocasiones, las provincias otorgan las regalías como garantía de préstamos y esos préstamos van a caer en default porque, si se quedan sin garantía, los acreedores reclamarán una garantía equivalente y si no la obtienen van a declarar el incumplimiento del contrato”, completó Romano.
Lucas Facundo Martínez
