El reciente Decreto 522/2025, mediante el cual el Gobierno nacional decidió aplazar por un mes la actualización total de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), introduce un factor de incertidumbre para el sector logístico. Las empresas de transporte, que dependen de estructuras de costos estables para planificar su operatoria, deberán enfrentar en septiembre un ajuste acumulado que abarca cinco trimestres consecutivos, lo cual dificulta la previsión de tarifas y contratos.
Durante agosto, el aumento parcial que se aplicará en surtidores establece un alza de $6,954 por litro de nafta por el ICL y $0,426 por el IDC. Para el gasoil —combustible central en el transporte de cargas y pasajeros— el incremento será de $5,615 por litro por ICL, y $0,640 por IDC, con un adicional de $3,040 en regiones bajo régimen diferencial. Este esquema escalonado puede representar un alivio temporal, pero no elimina la presión fiscal acumulada que impactará en los costos logísticos a partir de septiembre.
El hecho de que los aumentos impositivos estén atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) implica una indexación automática que traslada al transporte el impacto de la inflación. Desde una perspectiva operativa, esto obliga a revisar frecuentemente los valores de flete, especialmente en trayectos largos o contratos extendidos en el tiempo. La falta de previsibilidad complica la asignación eficiente de flota y recursos humanos, además de erosionar los márgenes de ganancia.
En las zonas con tratamiento fiscal especial —como la Patagonia, el departamento de Malargüe y el partido de Patagones— la segmentación de las alícuotas genera diferencias que influyen directamente en la estructura de costos según el origen o destino de los envíos. Esto puede provocar distorsiones en la competitividad regional, especialmente en un país donde las distancias promedio para el transporte terrestre superan ampliamente los mil kilómetros en muchos casos.
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El traslado de los aumentos a partir de septiembre también puede producir un efecto de concentración de demanda durante agosto, en un intento de las empresas por anticipar cargas y evitar costos mayores. Esta situación genera tensiones adicionales sobre la infraestructura logística y puede afectar la disponibilidad de recursos clave, como unidades de transporte o espacios de almacenamiento.
Por lo tanto, aunque la medida oficial postergue por un mes el impacto pleno de la carga impositiva, no elimina sus efectos sobre la cadena de suministro. Para los operadores logísticos, el desafío no reside únicamente en absorber el aumento, sino en ajustar sus procesos internos con rapidez, renegociar acuerdos comerciales y sostener niveles de eficiencia en un contexto de presión fiscal creciente.
