La entrada en vigencia del Decreto 609/2026 abrió un nuevo frente de conflicto en el sistema portuario argentino. En rechazo a la desregulación del régimen de practicaje y pilotaje, las cámaras que representan a prácticos, pilotos y baqueanos resolvieron reducir la prestación del servicio, una medida que comenzó a reflejarse durante el fin de semana en distintas vías navegables del país.
El practicaje es una actividad esencial para la navegación comercial. Los prácticos asisten a los capitanes durante las maniobras de ingreso y salida de los buques en puertos y canales, aportando conocimiento específico sobre cada tramo de la vía navegable. Cualquier interrupción del servicio puede traducirse en demoras operativas y alterar la programación de las terminales portuarias.
Ante la medida, la Prefectura Naval Argentina envió intimaciones a los profesionales para que retomen sus tareas al considerar que se trata de un servicio público regulado cuya interrupción compromete la seguridad de la navegación. Al mismo tiempo, el Gobierno, con participación de la Armada Argentina, trabaja en un esquema que permita garantizar una dotación mínima para sostener las maniobras esenciales mientras se desarrolla el conflicto.
Desde el sector, el rechazo apunta a los cambios introducidos por el nuevo decreto, que reemplaza el régimen vigente desde hace más de tres décadas. El Gobierno, por su parte, sostiene que la reforma busca modernizar una normativa considerada obsoleta, ampliar la competencia y reducir costos para la navegación y el comercio exterior.
El Decreto 609/2026
La reforma redefine aspectos centrales del sistema de practicaje. En los fundamentos de la norma, el Ejecutivo sostiene que la reglamentación anterior había quedado desactualizada frente a la evolución tecnológica de la actividad y contenía restricciones que dificultaban el ingreso de nuevos prestadores, afectando la competitividad del transporte marítimo y fluvial.
Uno de los cambios más relevantes es la liberalización del transporte de los prácticos hasta los buques. A partir de ahora, ese servicio podrá ser contratado libremente por los usuarios o por terceros, en lugar de quedar bajo la organización de los propios profesionales, como ocurría hasta el momento.
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El decreto también amplía las facultades de la Prefectura Naval Argentina para garantizar la continuidad del servicio. En caso de no contar con prácticos disponibles, el organismo podrá prestar directamente esa asistencia o habilitar a capitanes para cumplir esas funciones en las situaciones previstas por la normativa.
En materia tarifaria, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) pasará a establecer los valores del practicaje. Además, la norma prohíbe incorporar cargos adicionales por maniobras específicas, como atraques, desatraques o fondeos, con el objetivo de dar mayor previsibilidad a los costos de la navegación.
El punto que mayor resistencia generó dentro del sector es la flexibilización del uso obligatorio del práctico. El decreto habilita a determinados capitanes a prescindir del servicio cuando acrediten experiencia suficiente en un mismo recorrido: deberán demostrar al menos diez viajes de ida y diez de regreso durante los últimos tres años, sin interrupciones superiores a seis meses, y haber realizado como mínimo tres de esos viajes durante el último año. En el caso de oficiales que no hablen español, también deberán acreditar dominio del idioma inglés.
Por último, la reforma transfiere a la Prefectura Naval Argentina las funciones de certificación y habilitación de prácticos y baqueanos, una tarea que hasta ahora estaba bajo la órbita de la Armada Argentina. El proceso de transición tendrá un plazo de adecuación de 180 días.
Mientras continúan las negociaciones, el foco del sector permanece sobre la continuidad de la operatoria. Si la protesta se prolonga, las demoras en las maniobras podrían extenderse a distintos puertos y afectar el normal funcionamiento de la cadena logística vinculada al comercio exterior.
