Por: Roberto Francisco Benítez Leto (*)
El decreto ley que regula el cabotaje tiene su origen en el año 1944 durante la presidencia de Farrel y Perón, cuando el país contaba con una Marina Mercante fuerte. En la actualidad, ésta es inexistente porque no hay un marco normativo
impositivo que haga atractivo el registro de buques al pabellón nacional, así como también porque la antigua Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA), propiedad del Estado Nacional, fue vendida en su totalidad a fines de la década
del 90.
La falta de rentabilidad de la actividad cuestiona la necesidad de mantener la ley de cabotaje, y el camino más sencillo sería negar su necesidad esgrimiendo algunos de los muchos argumentos que respaldan su derogación. Pero hay que huir siempre del camino claro y seguro, pues inevitablemente conduce al estancamiento. Y el estancamiento llegará en forma de flotas extranjeras dominando las aguas de las vías fluviales o marítimas en detrimento de nuestros buques, la inevitable pérdida de puestos de trabajo de aquellos hombres de mar y río que prestan sus servicios a bordo de algunos de los buques de bandera nacional, la pérdida de soberanía en materia de transporte y el tener que depender del flete foráneo, cuya disponibilidad siempre estará atada a los vaivenes de la geopolítica.
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No en vano hay que recordar cuál fue el origen de nuestra flota mercante: al estallar la Segunda Guerra Mundial, los buques de ultramar que transportaban las mercancías desde y hacia Argentina fueron utilizados por sus respectivos países para el esfuerzo bélico. Al quedar el país sin forma de mover su producción, tuvo que recurrir a la creación de la flota mercante.
Por lo tanto, es necesario refuncionalizar la Marina Mercante argentina para que sea competitiva y contribuya al desarrollo económico del país. Es necesario que quienes llevan las riendas del país llamen a todas aquellas personas y compañías que se dedican al transporte por agua, y acuerden puntos para lograr condiciones que permitan una competitividad similar a la de buques con pabellones extranjeros; caso contrario, ya no hablaríamos de cabotaje o marina.
La pérdida de toda soberanía es una tragedia, y en un futuro ningún estado soberano va a sacrificar sus beneficios por auxiliarnos cuando la situación del transporte se vuelva inmanejable.
(*) Abogado especializado en temática portuaria.
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