El Gobierno volvió a postergar la actualización de los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), una decisión que lleva algo de alivio a un sector logístico que sigue de cerca cada movimiento en el precio del gasoil. A través de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo resolvió diferir hasta el 1° de julio la aplicación de los incrementos pendientes que debían entrar en vigencia desde junio.
La medida llega en un contexto de aumentos en distintos segmentos del transporte. Mientras este lunes comenzaron a regir nuevas subas en los boletos de colectivos de jurisdicción porteña y bonaerense, además de un incremento del 12,5% en la tarifa del subte, el Gobierno optó por evitar una nueva presión sobre los combustibles, un insumo clave para la actividad económica y especialmente para el transporte de cargas.
Para las empresas logísticas y los transportistas, la decisión representa una pausa en una variable que tiene impacto directo sobre los costos operativos. El gasoil suele ser uno de los principales componentes de la estructura de gastos del transporte carretero, por lo que cualquier aumento termina repercutiendo en las tarifas de flete y, en consecuencia, en toda la cadena de abastecimiento.
Desde la Casa Rosada sostienen que la postergación apunta a contener la inflación y sostener la actividad económica. No se trata de una preocupación menor. En los últimos relevamientos del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el rubro Transporte apareció entre los que más incidieron en la evolución mensual de los precios, impulsado por ajustes tarifarios y subas vinculadas a la movilidad.
Un mercado golpeado
La decisión también busca evitar un mayor deterioro en el consumo de combustibles. Los últimos datos oficiales muestran que durante abril se comercializaron 1,33 millones de metros cúbicos de combustibles en todo el país, una caída interanual del 2,38%. En comparación con marzo, el retroceso fue de casi 2%, una señal que refleja una demanda todavía debilitada.
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Dentro de ese escenario, el gasoil utilizado por gran parte del transporte de cargas registró una de las mayores contracciones. Las ventas de diésel Grado 2 descendieron casi 10% interanual, mientras que los productos premium mostraron un desempeño más favorable. La tendencia es observada con atención por operadores logísticos, ya que ofrece una radiografía de la actividad económica y del movimiento de mercaderías en diferentes regiones del país.
Sin embargo, la postergación no elimina el problema de fondo. La actualización de estos tributos se calcula sobre la base de la inflación acumulada y todavía permanecen pendientes ajustes correspondientes a distintos períodos de 2024 y 2025, a los que ahora se suma la variación de precios registrada durante el primer trimestre de 2026. En otras palabras, el incremento no desaparece, sino que continúa acumulándose para una futura aplicación.
A este panorama se suma la incertidumbre que genera la evolución del mercado internacional del petróleo. Con el barril Brent cerca de los 100 dólares por efecto de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, el Gobierno busca ganar tiempo y evitar que una combinación de factores externos e impositivos se traduzca en un nuevo salto del gasoil. Para la logística, que depende de la previsibilidad para planificar costos y contratos, la decisión ofrece un respiro de corto plazo, aunque mantiene abierta la incógnita sobre cuál será el impacto cuando finalmente se concrete la actualización pendiente.
