Por: Roberto Schulzen.
Dicha medida limitaba en monto y plazo las operaciones comerciales mucho más allá de los usos y costumbres del comercio internacional, llevándolas a pagos que excedían largamente los plazos acordados entre proveedores e importadores Como consecuencia llevando a un aumento de costos por financiación, corte del suministro de bienes ya comprometidos y en algunos casos suspensiones de proyectos de inversión.
Hasta ese entonces, si bien estaban limitadas las posibilidades de abastecer el mercado por medio de cupos de importación y giros, el mercado lograba abastecerse a un ritmo amesetado de sus insumos tanto para la producción como para la mejora e incremento de su capacidad productiva. Si bien fue implementada por tiempo determinado, se prorrogó antes de su finalización, cosa que impactó en la credibilidad de los proveedores extranjeros al plan establecido.
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Las consecuencias no se hicieron esperar, y en combinación con diferencias políticas en la coalición gobernante renunció el equipo económico y durante unas pocas semanas se designó a un nuevo equipo económico que no trajo alivio y la situación siguió empeorando a medida que no se liberaban SIMI’s a ritmos aceptables, el equipo de Silvina Batakis ocupó interinamente el puesto hasta que iniciado el mes de Agosto asumió la cartera Sergio Massa. En su discurso inicial y las medidas filtradas, parecía que se pondría un poco de orden en las obstrucciones al abastecimiento de insumos y bienes de capital, pero al poco tiempo de prorrogar medidas temporales que trababan la operatoria presentó un nuevo sistema “para arancelario” que anunció como una ventaja al mercado, pero antes de ser implementado se suspendió el régimen vigente hasta ese momento, anulando operatorias en curso que trajo imprevistos sobre mercadería arribando a los puertos impidiendo su nacionalización arbitrariamente y consecuentes complicaciones en tiempo y dinero además de planes de producción e inversión en curso.
Apenas entrado en vigencia el nuevo régimen implementado el pasado 17 de octubre , por un par de semanas, mientras: se reglamentaba (la norma se publicó sin reglamento ni comunicación interna pertinente), los organismos para su regulación eran creados y constituidos (AFIP-aduana, Secretaría de comercio y BCRA) y los sistemas implementados. Se especula con que estos tiempos fueron adrede para frenar la ya maltratada cadena de abastecimiento internacional provocando una caída que llevó al mes con el menor volumen de importaciones del año (con excepción de enero) retrotrayendo la circulación de bienes a tiempos de la pandemia.
Hoy la cadena de suministros de origen internacional está cortada en un 88% (solo el 12% de las presentaciones fueron aprobadas). En un número importante de casos se ralentizó el abastecimiento provocando interrupciones de producción en la industria y la postergación de inversiones tanto de mantenimiento como de ampliación de capacidades productivas.
Con las sucesivas modificaciones en la ocupación del ministerio de economía y una demora adicional en los plazos de pago muy por encima de los usos y costumbres del comercio internacional sumados a los riesgos que supone comerciar con Argentina (ver riesgo país) se creó una más que razonable duda de continuidad entre los proveedores del exterior que en su gran mayoría aumentaron sus recaudos en el suministro de bienes, entre esos recaudos hubo un incremento de precios producto de la demora en los plazos de pagos impuestos por el BCRA que redundó en un adicional impacto en el aumento de costos de producción (inflación?) por parte del proveedor del exterior y la cobertura por la incertidumbre del precio del dólar futuro al momento de poder realizar el pago a 180 días (riesgo de devaluación latente de por medio) trae aparejado un aumento de costos que se trasladan indefectiblemente a precio, las medidas han impulsado un aumento de precios, inflación, que es lo que supuestamente se busca combatir.
Sobre mojado, lluvia. A todas estas medidas y consecuencias se suma la acumulación de mercadería en puertos y depósitos fiscales. Además de la demora en la continuidad del abastecimiento de mercadería, un nuevo costo no previsto y una limitante de espacio que se sabe redunda en el encarecimiento del servicio sumado a todas las consecuencias ya mencionadas.
En resumidas cuentas, el sistema de comercio exterior ha sido el causante de faltantes, demoras y aumento de costos y burocracia que ha impactado fuertemente en la salud de muchas empresas, especialmente las PYMES que no tienen colchón para hacerle frente a estas circunstancias provocadas por un gobierno que perdió el rumbo y confunde sus objetivos alentando lo que dice desalentar.
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El gran argumento con que el gobierno intenta explicar estas arbitrariedades es la falta de dólares en las reservas del BCRA. Recordemos que estas reservas se generan principalmente por los servicios del comercio exterior y en los últimos años no ha sido deficitario.
Otra generación son las transferencias monetarias producto del flujo de capitales en parte prohibidos para la transferencia de dividendos y otros giros de empresas y personas físicas. Nos queda entonces el generado por los servicios de deuda que en el transcurso de estos últimos 2 años ha sido positivo para la Argentina al no pagar su deuda y si recibir giros adicionales de nueva deuda. Explicado que ninguno de estos argumentos justifica la caída de reservas, me queda solo explicación por el exceso de déficit que el gobierno genera día a día, y este debería ser el principal objetivo del gobierno que concentra su ira en complicarle aún más el abastecimiento a la cadena productiva privada. Recordemos que la Resolución General Conjunta 5721/2022 de la AFIP, publicada el 12 de octubre, exceptúa a las empresas del estado de las restricciones impuestas al resto de los actores con pocas excepciones (no las PYMES exactamente).
