La discusión por el estado de las rutas nacionales sumó un capítulo judicial en Entre Ríos. El Juzgado Federal de Victoria dio trámite a un amparo que reclama al Estado nacional la reactivación de obras y tareas de mantenimiento en los corredores de la provincia y puso bajo análisis el destino de recursos vinculados con el impuesto a los combustibles.
El planteo gira alrededor del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL) y del fideicomiso creado por el Decreto 976/01, mecanismos vinculados con recursos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos y destinados al financiamiento de infraestructura de transporte. Según los denunciantes, una parte de esos recursos no habría terminado aplicada a las obras viales reclamadas.
FADEEAC salió a respaldar el avance del expediente y volvió a poner el foco en una cuestión que viene señalando desde hace tiempo: el deterioro de la red vial y el impacto que tiene sobre quienes utilizan las rutas para transportar cargas.
“La decisión judicial coincide con los lineamientos y planteos que venimos realizando, al ordenar que los impuestos que paga la ciudadanía con cada carga de combustible vuelvan a los caminos, tal como prevé la normativa”, sostuvo Cristian Sanz, presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).
El costo de circular por rutas deterioradas
Para el transporte de cargas, el estado de las rutas no es solamente una cuestión vinculada con la infraestructura pública. Una calzada deteriorada puede traducirse en mayores tiempos de viaje, daños en los vehículos, más mantenimiento y mayores costos operativos, además de incrementar los riesgos para quienes circulan.
Sanz planteó que el problema excede a Entre Ríos y reclamó que el criterio que eventualmente adopte la Justicia pueda tener un alcance más amplio. “El deterioro de las vías de tránsito es un tema alarmante y generalizado que requiere de una acción urgente”, afirmó.
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Entre las rutas nacionales alcanzadas por el reclamo aparecen las 12, 14, 18, 127, 135 y 174, además de las rutas 130, 131, 136 y el acceso A015. La Ruta 174, en particular, constituye uno de los corredores relevantes para la conexión entre Entre Ríos y Santa Fe a través del puente Rosario-Victoria.
La discusión también pone en primer plano el vínculo entre el costo que asume el transporte y el estado de la infraestructura que utiliza. “Las carreteras en mal estado generan siniestros viales, rompen los vehículos y encarecen el flete y la logística. Garantizar condiciones adecuadas es una obligación prioritaria del Estado”, señaló Sanz.
FADEEAC también recordó un relevamiento realizado junto con la Fundación Profesional para el Transporte (FPT), que entre 2021 y 2024 analizó más de 22.700 kilómetros de rutas nacionales y provinciales. Según la entidad, los resultados fueron entregados a autoridades nacionales, provinciales y municipales como insumo para la toma de decisiones.
Por ahora, el expediente entrerriano sigue en una etapa inicial. El juez solicitó información a los organismos nacionales involucrados y, una vez cumplido ese paso, deberá resolver sobre la medida cautelar solicitada.
